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Saludos a Todos.
D. P. T. U.
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El Tribunal de lo Contencioso no emite fallos desde hace 5 meses
PABLO MELÉNDREZ
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) están desintegrados por la falta de un ministro. El TCA no emite sentencias desde mediados de noviembre de 2011 y se está acumulando el trabajo.
Por la jubilación de los ministros Jaime Monserrat y Eduardo Lombardi, el TCA está casi paralizado desde fines de 2011. La vacante de Monserrat se ocupó en febrero con Alfredo Gómez Tedeschi, pero la de Lombardi aún sigue sin llenarse.
De acuerdo con los plazos constitucionales, el cargo deberá ocuparse antes del próximo jueves 29. En principio, habría acuerdo político para designar al magistrado Juan Pedro Tobía, pero en caso contrario el cargo será ocupado por su colega José Echeveste, por ser el ministro de tribunal de apelaciones con mayor antigüedad.
En el TCA -órgano que tiene el mismo rango que la SCJ y que se ocupa de confirmar o anular los actos administrativos dictados por los organismos estatales- se espera con impaciencia el nombramiento del ministro que falta.
Eso, por cuanto la sala requiere de los votos de los cinco ministros para dictar sentencias definitivas, cosa que no ocurre desde mediados de noviembre de 2011, debido a que desde entonces al TCA le falta por lo menos un miembro.
Una fuente del TCA dijo a El País que llevan cuatro meses sin emitir resoluciones -aunque con la Feria Judicial de enero de por medio- es "un disparate" y advirtió que la situación generará un importante retraso en los expedientes en trámite.
La duración de los procesos en el TCA, debido al vetusto sistema procesal que se aplica, es extensa y en ningún caso es menor a los dos o tres años. En los últimos tiempos se habían ajustado algunos aspectos operativos de forma tal de reducir los plazos, pero la desintegración del organismo "complica todo", explicó la fuente.
SORTEOS. Al igual que el TCA, la SCJ también está desintegrada. A mediados de febrero cesó el ministro Leslie Van Rompaey al cumplir el máximo legal de diez años en el cargo.
En el caso del máximo órgano del Poder Judicial, hubo acuerdo político para designar al magistrado Ricardo Pérez Manrique, actual ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia de 2° Turno.
Sin embargo, Pérez Manrique todavía no ha prestado juramento ante la Asamblea General del Poder Legislativo, por lo que no puede asumir en el cargo. El plazo para ocupar la vacante en la SCJ vence a mediados de octubre.
De todos modos, la situación en la SCJ no es tan compleja como en el TCA. Si bien también es necesaria la integración de cinco ministros para emitir sentencias, tras la jubilación de Van Rompaey se optó por sortear expedientes en condiciones de ser resueltos entre ministros de tribunales de apelaciones, mecanismo legal previsto para evitar demoras ante estas situaciones.
Por eso, el ministro de la SCJ Jorge Chediak, dijo que la Corporación "está totalmente al día con su trabajo y no se están acumulando expedientes".
Chediak indicó a El País que con el mecanismo de sorteo de expedientes el régimen de trabajo no es igual al habitual pero "es bastante parecido" y eso permite que la Corporación trabaje con cierta normalidad.
Díaz a favor de fiscales divididos en regiones
El juez especializado en crimen organizado Jorge Díaz, propuesto por el gobierno para ocupar el cargo de Fiscal de Corte y quien en principio contaría con el apoyo de la oposición, está a favor de que los representantes del Ministerio Público trabajen en una división por regiones, como ocurre por ejemplo en Chile.
Al comparecer el martes 20 ante la Comisión de Asuntos Administrativos del Parlamento, Díaz dijo que en Santiago de Chile "hay un conjunto importante de fiscales, pero cada fiscal no es titular de una Fiscalía", según consta en la versión taquigráfica de la reunión.
"La ciudad está dividida en cuatro regiones, con cuatro Fiscalías que tienen un fiscal jefe y un conjunto importante de fiscales que se reparten los temas a trabajar en base a una especialización por materia", dijo Díaz. Agregó que se debe discutir la ubicación de los fiscales fuera del Ministerio de Educación y Cultura a través de un órgano descentralizado.
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