9 de Mayo - Día del Abogado.

Salud - Créditos Laborales - Discapacidad.

Estimados Amigos, Clientes y Seguidores:

Adjuntamos cuadro comparativo de utilidad para entender el alcance de las leyes referidas.
Atentos Saludos

El equipo de DPTU.

Duración de los Juicios.

Estimados Clientes, Amigos y Seguidores:

Si bien la actividad judicial se ha visto resentida por las medidas gremiales adoptadas desde fines del año 2014, continuamos recibiendo y evacuando consultas, manteniendo reuniones con nuestros clientes, y haciendo el seguimiento de nuestros casos, ya que las oficinas judiciales continúan funcionando, aunque en horarios dispares.

Hecha la aclaración, compartimos nota de interés sobre un asunto que es preocupación recurrente de nuestros clientes y consultantes.

Saludos Cordiales

D. P. T. U.

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ESTADÍSTICA JUDICIAL

Un juicio civil dura 18,3 meses promedio

La duración total, incluyendo todas sus instancias, de los procesos civiles finalizados por sentencia definitiva en los juzgados de Montevideo tuvo un muy leve repunte en el año 2013, ubicándose en los 18,3 meses, una unidad por encima del registro del año 2012, que era de 17,3 meses.

Así lo consigna un informe divulgado por la Suprema Corte de Justicia y elaborado por el Departamento de Estadísticas de la División de Planeamiento y Presupuesto del Poder Judicial, en el que se analiza la duración de los procesos y la evolución de otros indicadores globales.

El documento también revela que la cantidad de asuntos iniciados en el año 2013 en los juzgados letrados con materia civil de Montevideo aumentó prácticamente en todos los turnos (que son un total de veinte). Sin embargo, si se observa la evolución en el período 2001-2013 se advierte una tendencia descendente en el número de asuntos iniciados, manteniéndose desde el año 2008 en el entorno de los 7.800 casos.

El año 2002 fue en el que hubo mayor demanda, dado que se iniciaron 17.904 asuntos en los juzgados de Montevideo. Debe tenerse en cuenta que el período de tiempo 2001-2003 refleja la crisis económica y del sistema financiero. Por otro lado, el año 2009 es el que tuvo el menor registro con un total de 7.538.

Fuente: http://www.elpais.com.uy/informacion/juicio-civil-dura-meses-promedio.html

Matrimonio In Extremis.

Estimados Clientes, Amigos y Seguidores:

Compartimos nota de interés. 

Como siempre, estamos a sus gratas órdenes para las consultas jurídicas que necesiten formular.

Saludos Cordiales

D. P. T. U.

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HIJAS DEL FALLECIDO RECLAMAN US$ 500.000 A MUTUALISTA Y AL REGISTRO CIVIL

Anulan boda contraída en CTI con enfermeras como testigos

El Tribunal de Apelaciones de Familia de Primer Turno resolvió anular un matrimonio in extremis que tuvo lugar entre un septuagenario moribundo y su cuidadora, una mujer de 55 años.

El hombre era diabético (le habían amputado una pierna 12 años antes) e insulinodependiente con tratamiento de diálisis, por lo que recibía atención permanente.

El matrimonio se produjo el 1° de marzo de 2011 cuando la mujer ingresó al CTI de la Médica Uruguaya con un oficial del Registro Civil que realizó la ceremonia. Al parecer, el hombre estaba inconsciente. En las actas respectivas se apunta que el hombre no estaba en condiciones de firmar el documento y en otras se dice que no sabía escribir.

Las personas que atestiguaron la boda, según consta en el acta de matrimonio, son enfermeras y nurses que más tarde debieron asistir al hombre en sus minutos finales. Ahora la Justicia Penal las investiga para determinar su responsabilidad en el episodio.

El hombre era un jubilado bancario; en el año 2011 cobraba una jubilación que superaba los $ 67.000. Las viudas de los pasivos de la Caja Bancaria perciben una pensión vitalicia tras el fallecimiento de su cónyuge que, en este caso, podría ser de aproximadamente $ 40.000.

La mujer se vinculó al hombre en el año 2006 luego de terminar una relación sentimental. La mujer, sabiendo que el septuagenario estaba buscando una cuidadora, se ofreció como tal y desde el principio intentó alejar a sus familiares y amigos.

Ese año 2008, su padre les comunicó a las hijas que esta cuidadora había abusado de su confianza y lo había obligado a firmar un poder (estando internado en la Médica Uruguaya) para hacer compras en la Cooperativa Bancaria.

Les manifestó que con ese poder había realizado compras abusivas, retirado dinero en efectivo de su cuenta (por unos $ 100.000), y cobrado la jubilación íntegra del mes.

El 30 de junio de 2008, al salir de su internación el padre de las denunciantes revocó el poder que había firmado.

En la historia médica del hombre se deja constancia de la situación, debido al grado de angustia que vivía. "Muy nervioso, la señora que lo cuidaba le robó la casa", dijo el médico que lo atendía en ese momento.

Durante todo el período en que la mujer estuvo junto al septuagenario evitó todo tipo de contacto con las hijas del hombre.

Cuando estuvo internado en el CTI los trabajadores de la institución médica impidieron el ingreso de ellas con el argumento de que estaba grave.

Cuando falleció, las enfermeras y el equipo del CTI entregaron todas las pertenencias del hombre a su "esposa".

Además, la mujer se hizo cargo del cuerpo al que dio sepultura en un lugar que sus hijas desconocen.

"Ante nuestra total sorpresa y desasosiego se nos informa en admisión que nuestro padre había fallecido y que su cuerpo había sido retirado", relata la denuncia presentada por las dos mujeres.

La demanda añade que se le entregó el cuerpo a la denunciada, quien lo enterró sin dar noticia a nadie, por lo que para ellas "está desaparecido, con la angustia que todo esto implica para sus familiares y amigos".

Juicio Civil.

Durante el litigio, las hijas del hombre lograron probar al Tribunal que la concubina de su padre ya estaba casada con un hombre de 80 años en el momento en que se produjo la boda en el CTI.

La mujer intentó negarlo y afirmó que el septuagenario había reconocido a sus hijos como propios. Luego se desdijo en la propia sede judicial.

En principio la denuncia fue radicada en el Juzgado Penal de 14° Turno, pero el magistrado declinó competencia y el expediente fue derivado a un juzgado de la Ciudad de la Costa.

Paralelamente, las hijas iniciaron dos demandas civiles contra Médica Uruguaya y el Registro Civil. Reclaman que cada organismo les pague por daños y perjuicios un total de US$ 250.000.

"Esa plata no paga el calvario que vivimos", aclaró a El País una de las hijas del fallecido. Las dos mujeres aclararon que no querían que sus nombres se divulgaran.

Ahora los policías de la seccional 2 están buscando a la mujer. Las hijas del septuagenario afirmaron que la mujer no tiene pedido de captura aunque el caso está en la órbita penal. El único contacto que mantienen es el teléfono celular que alguna vez perteneció a su padre pero la mujer ya no atiende los llamados, ni siquiera los que realiza la Policía.

Fuente:http://www.elpais.com.uy/informacion/anulan-boda-contraida-cti-enfermeras.html

La Independencia de los Fiscales.

Estimados Clientes, Amigos y Seguidores:

Retomando el contacto, compartimos palabras de uno de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, máximo órgano judicial del país, sobre la independencia de los Fiscales.

Saludos Cordiales

D. P. T .U.

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—Estos días estuvo en el debate público la aspiración del futuro gobierno de pasar las Fiscalías, que funcionan en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, a la Presidencia de la República. ¿Cuál es su opinión al respecto?

—Como uno de sus integrantes, señalo que en la comisión de redacción del nuevo Código del Proceso Penal llegamos a la conclusión de que las Fiscalías deben ser autónomas. Su inserción en el Poder Ejecutivo no es la más adecuada. Lo más adecuado es, por ley orgánica, establecer que es un servicio autónomo bajo la jerarquía del fiscal de Corte. A los efectos de no solo preservar su independencia —que la tienen—, sino también su imagen de independencia. A la mujer del César se le requería que fuera honesta y pareciera honesta. A los jueces se nos pide que seamos independientes y parezcamos independientes, y lo mismo se requiere de los fiscales. Para la apariencia de independencia, no es bueno que dependan del Poder Ejecutivo, sino que es mejor que aparezcan como independientes y autónomos, como es la figura de los organismos del artículo 220 de la Constitución, y que no dependan de ningun jerarca del Poder Ejecutivo. Recalco que para nosotros la inserción del Ministerio Público, con el poder que va a tener en el nuevo Código, no debe estar en el Poder Ejecutivo, sino que tiene que ser un servicio autónomo.

Fuente: http://www.busqueda.com.uy/mailing/notas/1801/REC/fiscales/

Estimados Clientes, Amigos y Seguidores:

Compartimos nota de prensa de especial preocupación, ya que refiere a la pérdida de la libertad ambulatoria.
Saludos Cordiales

D. P. T. U.

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Fallos polémicos

El alto precio de una indagatoria ligera

Ligerezas en la obtención de pruebas de delitos, interrogatorios imprecisos y un proceso penal que prioriza la prisión preventiva, lleva a que personas inocentes terminen en la cárcel.

P. MELENDREZ /E. BARRENECHE15 jun 2014

En los últimos seis meses se supo de dos casos donde la Justicia procesó a dos inocentes en base a reconocimientos erróneos y negligencias de jueces, fiscales y Policía a la hora de buscar las pruebas de los delitos. Jhonatan Farías Perdomo estuvo preso en el Comcar cuatro años y cuatro meses por dos rapiñas que no cometió, y el taxista Pablo Pecotiello enfrentó un mes de prisión en ese penal por un atraco a una pasajera que tampoco realizó. Mientras Farías Perdomo reclama una indemnización del Poder Judicial por US$ 180.000, Pecotiello exige US$ 50.000.

Operadores judiciales consultados por El País destacaron que esos casos no son comunes, pero advirtieron que el actual sistema penal no tiene forma de evitarlos.

El magistrado Eduardo Borges, miembro del Tribunal de Apelaciones Penal de 3° Turno, dijo que a veces se aprecian "falencias de instrucción", pero aclaró que normalmente "no son cosas decisivas que lleven a cambiar la dilucidación del caso".

En el caso de las rapiñas, Borges indicó que "se definen por la prueba", ya que por lo general son casos en los que no se discuten aspectos jurídicos. "A veces uno valora la prueba de una forma y otro de otra. En las rapiñas, el elemento clave no es la confesión, porque los rapiñeros nunca confiesan, entonces el reconocimiento pasa a ser fundamental, y ahí es donde se puede valorar de una forma o de otra", dijo.

Borges afirmó que "si no hay fraude en la prueba" presentada al juez, la labor policial "no tiene incidencia".

"En general, la Policía trabaja muy bien y ahora trabaja mucho mejor que antes", señaló el magistrado, que integra el Tribunal de Apelaciones Penal de 3° Turno desde el año 2000.

El presidente del Colegio de Abogados del Uruguay, Bernardino Real, dijo que casos como el de Farías "no son algo normal" pero "pueden ocurrir".

Real, quien tiene más de 30 años como defensor de oficio en la materia penal, dijo que en la medida que con el actual sistema procesal la prisión preventiva "es la regla", eso incrementa "la posibilidad de que este tipo de cosas sucedan". Y por eso, subrayó ya la importancia de que se reforme el Código del Proceso Penal (CPP), ya que la nueva normativa a estudio del Parlamento acota el uso de la reclusión preventiva y establece que en los casos donde se aplica, el juez que ordenó el encarcelamiento se verá inhibido de seguir actuando en ese caso, que será asumido por otro magistrado.

Respecto a la actuación de la Policía en estos casos, el presidente del Colegio de Abogados señaló que la investigación policial "le aporta elementos de juicio al juez", pero remarcó que legalmente "la única prueba que tiene validez es la que se produce judicialmente".

La jueza penal Julia Staricco dijo que las revocaciones de procesamientos por parte de los tribunales de apelaciones se producen por una "valoración diferente de la prueba" reunida, pero aclaró que son situaciones "excepcionales".

Staricco explicó que la legislación actual establece que en ciertos casos (como por ejemplo cuando la pena del delito imputado es mayor a los dos años) el procesamiento debe dictarse con prisión. Luego, llegado el caso, el tribunal verá "si existió un error inexcusable".

El 21 de mayo de 2009, la Justicia procesó a Jhonatan Farías Perdomo como autor de dos delitos de rapiña especialmente agravados. El joven debía cumplir una pena de siete años de cárcel. La defensa de Farías Perdomo apeló el fallo y la Fiscalía pidió que se mantuviera la condena.

Los ministros del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4° Turno enumeraron cerca de 10 negligencias y errores policiales y de la Justicia que derivaron en la prisión de Farías Perdomo en el Comcar, pese a que no había participado en las rapiñas a un cyber ni a un supermercado. "Se impone destacar las manifiestas deficiencias de la instrucción en la etapa presumarial, en que desordenadamente se indagan únicamente tres hechos, siendo que de las actuaciones policiales resulta que existieron otros, con apariencia delictiva, sobre los que se informa", dice el fallo del Tribunal de Apelaciones fechado el 3 de octubre de 2013.

Advierte que la Policía incurrió en errores de procedimiento. "Lo primero a señalar es lo caótico del expediente en este estadio; empezando por las actuaciones policiales en las que en distintas `novedades` referentes a denuncias de rapiñas se insertan las mismas declaraciones de varios testigos".

Expresa que la Policía no cumplió con órdenes dispuestas por la Justicia. "Se practicaron allanamientos (por parte de la Policía), no obstante no se cumplió el mandato judicial de fotografiar dichos efectos" supuestamente robados por allegados al acusado, dice el fallo.

La rapiña al supermercado, que se le imputó a Farías Perdomo pese a que éste se encontraba trabajando en su puesto en una feria, ocurrió el 13 de febrero de 2009.

El Tribunal de Apelaciones critica a la Policía por no realizar investigaciones en forma debida sobre el atraco al supermercado. "El hecho ocurrido en el supermercado no dio lugar a otra averiguación policial más que en relación a dos empleados del comercio y un cliente, consignándose en el resumen policial que los asaltantes eran cuatro menores que portaban un revólver", afirma el fallo.

Siete días más tarde, el 20 de febrero de 2009, la Policía amplió la investigación en base a información recabada e interrogó a varios familiares y amigos de Farías Perdomo.

Tiempo después, el 19 de mayo de 2009, personal de la misma seccional policial investigaba varios hurtos de motos en el barrio Los Bulevares. En esa instancia, Farías Perdomo resultó detenido otra vez en función de declaraciones de una vecina. Pero quedó libre.

El Tribunal de Apelaciones también cuestiona el accionar de la Policía de no advertir a la Justicia que estaba investigando varios delitos.

"La Policía remite las actuaciones respecto de la rapiña en el supermercado, en el cyber así como las relativas a un `ajuste de cuentas` con lesionado a los Juzgado Penal y de Adolescentes. Es entonces que se toma conocimiento judicial de estos hechos", agrega el fallo.

Los ministros advirtieron que, en las actuaciones judiciales, "no se dio cumplimiento" a los artículos 114 y 133 del Código de Proceso Penal -el juez y el fiscal deben tratar de esclarecer los hechos delictivos y reunir las pruebas de dichos ilícitos a la brevedad posible-, ya que éstas contienen "una escasa indagatoria". Enseguida agrega: "Quien resultó luego procesado, Jhonatan Farías Perdomo, no fue interrogado sobre los repuestos de motos encontrados en su domicilio (pese a que dijo ser vendedor de esos repuestos en un puesto de la feria) ni se le preguntó sobre lo que manifiesta a nivel policial la madre de uno de sus amigos: que se dedica al hurto de motos y autos y sobre un hecho concreto que presenció cuando `El Chispa` y Farías Perdomo se llevaban una moto que estaba escondida en una casa y que luego el primero dijo que era robada".

Con respecto a la rapiña en el cyber, el Tribunal de Apelaciones señaló que uno de los amigos de Farías Perdomo "fue erróneamente interrogado" sobre ese hecho y advirtió que uno de los menores acusados del atraco "no fue nunca interrogado" en la sede penal de adultos ni el proceso que se siguió en el Juzgado de Adolescentes. "Tampoco se interrogó a ninguna de las personas que estaban en el cyber, pese a que una de ellas resultó también damnificada", dice el fallo.

Corte: demandas por prisión indebida son parte de "las reglas de juego"

n La Suprema Corte de Justicia (SCJ) considera que las demandas que enfrenta el Estado por casos de prisión indebida son parte de las "reglas de juego". A un inocente preso, los tribunales de Contencioso Administrativo le otorga ideminizaciones que oscilan los US$ 20 y los US$ 40 por día de prisión.

"No se le puede decir si un juez actuó mal si en realidad lo hizo convencido y tenía la semiplena prueba para procesar. Son las reglas de juego", dijo el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Ruibal Pino a El País.

Desde 2010 y hasta 2013, el Poder Judicial recibió 74 reclamos por casos de prisión indebida, dijo a El País la directora del Servicio de Abogacía de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Virginia Collazo. Ese total arroja un promedio de 1,5 reclamos presentados por mes en ese período.

Ruibal Pino dijo que en los reclamos por prisión indebida se intenta conciliar para "evitar que la persona a la que el Estado ya le causó un daño tenga que seguir el curso de juicio".

"No se puede decir que todos los jueces a quienes les revocaron algún auto de procesamiento trabajan mal. Más bien es un tema de diferencia de criterios", dijo Ruibal Pino.

El ministro de la Corte agregó que puede ocurrir que un procesamiento dictado por un juez de primera instancia luego sea revocado por un tribunal de apelaciones, ya que esas "son las reglas de juego".

Los montos a pagar en estos casos no se obtienen del presupuesto del Poder Judicial, sino que los fondos provienen del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de Rentas Generales, afirmó Ruibal Pino. El Ministerio de Economía siempre consulta a la Suprema Corte de Justicia sobre si va a iniciar la acción de repetición contra el juez que actuó en el caso (artículo 25 de la Constitución), pero por lo general la Corporación descarta dar ese paso para que el Estado recupere el dinero que perdió.

Claves de una desidia judicial

Fallo del Tribunal de Apelaciones sobre la prisión de Jhonatan Farías Perdomo por dos rapiñas que no cometió: "Deficiencias en la instrucción".

"Se indagan desordenadamente tres hechos delictivos cuando ocurrieron otros".

"Expediente caótico".

"No se fotografiaron objetos en fincas allanadas".

"Uno de los acusados no fue ubicado ni interrogado".

"No se indaga sobre robos de motos".

"El procesado no fue interrogado sobre repuestos de autos hallados en su casa".

"Un testigo de la rapiña en el cyber fue erróneamente interrogado".

"El menor (El Chispa) nunca fue interrogado por la rapiña pese a haber sido acusado".

"En autos (causa) no resulta que Farías fue indagado si fue al cyber el día del atraco".

"No se interrogó a ninguna de las personas que estaban en el cyber pese a que una de ellas resultó damnificada".

"Al único testigo del hecho no se le averiguó inicialmente a qué hora llegó al cyber".

"Tampoco se practicó la debida averiguación para determinar en qué lugar y quiénes estaban en los juegos que sustrajeron del cyber".

"(En la etapa de condena) se advierten deficiencias similares a la de la etapa presumarial en el interrogatorio a uno de los testigos".

"Igualmente deficiente es la instrucción respecto de la rapiña en el supermercado".

"No se indaga en etapa sumarial al `reponedor` ni a la cajera".

"No se despeja una cuestión decisiva: si la persona que apuntó al empleado del super y que según un testigo sería Farías Perdomo, tenía el cabello oxigenado".

"No se averiguó a Farías Perdomo ni a las personas que lo conocen si tuvo el cabello teñido de esa forma".

"Se arriba a una sentencia condenatoria en base esencialmente a dos reconocimientos judiciales, con todas las garantías aunque no en forma inmediata al hecho sino tiempo después".

Fuente: http://www.elpais.com.uy/informacion/alto-precio-indagatoria-ligera-preso.html

 

Recurso de Inconstitucionalidad contra la Megaminería.

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Tenemos el agrado, como siempre, de compartir una nueva nota sobre un tema de actualidad referido al mundo jurídico, pero vinculado directamente a la realidad social de nuestro país.

Saludos Cordiales

D. P. T. U.

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La Suprema Corte de Justicia admitió el recurso de inconstitucionalidad contra la minera Aratirí

Nacionales | 05 Jun La Suprema Corte de Justicia (SCJ) admitió un recurso de inconstitucionalidad que presentó el fiscal civil Enrique Viana contra la minera Aratirí. En tal sentido, los cinco ministros estudiarán los argumentos del fiscal contra la ley de minería de gran porte, informó El Observador.
Tras rechazar el planteo de dos juezas, Viana presentó un recurso de inconstitucionalidad que fue admitido por la SCJ, pues entendió que el fiscal está facultado para plantear la queja por la vía de la excepción, es decir a través de un juzgado civil, donde ya comenzó acciones, para que éste lo derive a la Corte. Además, Viana propone realizar un pedido de medida cautelar de no innovar para impedir que hasta tanto la SCJ no falle sobre el recurso, se impida al Poder Ejecutivo firmar el contrato de inversión con Aratirí, lo cual fue postergado en varias oportunidades.
En su recurso de inconstitucionalidad, el fiscal plantea que la ley 19.126, del 11 de setiembre de 2013, viola los artículos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 30, 36, 47, 58, 59, 72, 77, 82, 233 y 331 de la Constitución, y se basa en que “para extraer la cantidad de hierro suficiente como para que el negocio sea rentable” Aratirí “necesitará detonar 43.000 toneladas de explosivos por año, a razón de 120 toneladas diarias. El explosivo que utilizará es el Anfo, compuesto de nitrato de amonio y fuel oil”.
“Se liberará por año el doble de la energía que liberó la bomba atómica de Hiroshima”, sostuvo y argumentó que la ley ha sido redactada como directa consecuencia de una negociación con una empresa privada. “Se está ante una ley contratada o de lobby, dictada en función de los intereses lucrativos privados de una empresa determinada. Viola el axioma de igualdad ante la ley, la necesaria raíz democrática de toda ley y el acceso a la Justicia”, subrayó. “Es una ley cuyo tenor y espíritu son la legitimación de un daño expresamente prohibido por la Constitución de la República”, manifestó el fiscal.

Fuente: http://www.eltelegrafo.com/index.php?id=87881&seccion=nacionales&fechaedicion=2014-06-05

Responsabilidad del Estado por Prisiones Indebidas.

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Compartimos nota de interés.

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D. P. T. U.

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Poder Judicial. Entre 2010 y 2013 recibió 74 demandas

Un reclamo por mes por casos de prisión indebida

Entre 2010 y 2013, el Poder Judicial fue objeto de 74 demandas por prisión indebida, lo que en promedio arroja más de un caso por mes. Para la Suprema Corte estas situaciones son parte de "las reglas de juego".

PABLO MELENDREZ dom jun 1 2014

 

Lo ocurrido con el taxista Pablo Pecotiello, que el año pasado estuvo un mes prisión por una rapiña que no cometió, por lo que ahora prepara una demanda por US$ 50 mil contra el Poder Judicial, es más habitual de lo que podría pensarse.

De hecho, desde 2010 y hasta 2013, el Poder Judicial recibió 74 reclamos por casos de prisión indebida, dijo a El País la directora del Servicio de Abogacía de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Virginia Collazo. Ese total arroja un promedio de 1,5 reclamos presentados por mes en ese período.

Para procesar a una persona, un juez debe tener la semiplena prueba de su responsabilidad y la convicción de que cometió el delito. Luego, durante el curso del juicio, el magistrado debe reunir la plena prueba que le permita condenarlo.

Pero, si durante el proceso no se reúne la prueba necesaria para emitir la sentencia condenatoria, el juez deberá absolver al imputado, y disponer su excarcelación si aún se encuentra privado de libertad.

Además, según lo que establece el sistema procesal, en cualquier etapa del juicio, el fiscal tiene la potestad de pedir el sobreseimiento del implicado, lo que obliga al magistrado a archivar la causa.

"Quien haya sufrido prisión preventiva en un proceso penal sin haber sido en definitiva condenado a pena privativa de libertad por lo menos igual al lapso de prisión preventiva sufrida, tendrá derecho a recibir del Estado la indemnización en dinero de los perjuicios materiales y morales que dicha prisión preventiva -el exceso de ella, en su caso- le hubieren causado". La frase del primer inciso del artículo 4° de la ley que regula la prisión preventiva (15.859, de marzo de 1987) es clara: el Estado es responsable cuando una persona haya permanecido privada de libertad en forma indebida.

El ministro de la SCJ, Jorge Ruibal Pino, dijo que en los reclamos por prisión indebida se intenta conciliar para "evitar que la persona a la que el Estado ya le causó un daño tenga que seguir el curso de juicio".

Los montos a pagar en estos no casos no se obtienen del presupuesto del Poder Judicial, sino que los fondos provienen del Ministerio de Economía, a través de Rentas Generales, explicó Ruibal Pino.

El Ministerio de Economía siempre consulta a la SCJ sobre si va a iniciar la acción de repetición contra el juez que actuó en el caso, pero normalmente la Corporación descarta dar ese paso para que el Estado recupere el dinero que perdió.

"No se puede decir que todos los jueces a quienes les revocaron algún auto de procesamiento trabajan mal. Más bien es un tema de diferencia de criterios", dijo Ruibal Pino.

Agregó que puede ocurrir que un procesamiento dictado por un juez de primera instancia luego sea revocado por un tribunal de apelaciones, ya que esas "son las reglas de juego".

De todos modos, Ruibal Pino reconoció a El País que "es difícil decir" si ese tipo de situaciones son o no normales, y reiteró que en buena medida el parámetro radica en variaciones de criterio aplicados.

"No se le puede decir si un juez actuó mal si en realidad lo hizo convencido y tenía la semiplena prueba para procesar. Son las reglas de juego", reiteró el ministro de la SCJ.

US$ 50 mil.

El taxista Pablo Pecotiello, que el año pasado estuvo un mes recluido en el Comcar por una rapiña que no cometió, presentará en los próximos días una demanda contra el Poder Judicial al que reclamará US$ 50 mil por la prisión indebida que sufrió.

Pecotiello fue procesado el 30 de octubre de 2013 por el juez Roberto Timbal y la fiscal Diana Salvo. Fue acusado por la rapiña que había sufrido 15 días antes la pasajera de un taxi cuando llegó a destino, en Carlos Roxlo y Paysandú.

La víctima lo reconoció y la información primaria sobre la ubicación de su vehículo en base al GPS indicó que estaba en la zona, y en base a esos elementos el juez Timbal y la fiscal Salvo imputaron a Pecotiello.

Sin embargo, días después, el abogado del taxista, Álvaro Méndez, presentó al magistrado un informe elaborado por Policía Técnica en base a datos del GPS del vehículo, y a raíz de esa prueba exculpatoria, la fiscal pidió su sobreseimiento y ante ese requerimiento el juez ordenó la inmediata excarcelación de Pecotiello.

"Un problema por uso de la prisión"

El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Ruibal Pino, dijo que si el sistema penal ampliara el uso de medidas alternativas a la prisión, el Poder Judicial no enfrentaría tantos reclamos por reclusión indebida, ya que llegado el caso de un fallo exculpatorio de un procesado, el daño a reparar no sería de la magnitud de lo que implica resarcir a una persona por haber estado privada de libertad en forma injustificada. "Lo cierto es que en el fondo es un tema generado por el uso de la prisión preventiva. Si hubiera una aplicación extendida de las medidas alternativas a la prisión, muchos de estos casos se podrían evitar, pero eso no depende exclusivamente del Poder Judicial, sino también del marco legal que brinde el Parlamento", indicó Ruibal Pino.

Fuente: http://www.elpais.com.uy/informacion/reclamo-mes-casos-prision-indebida.html

Recurso de Inconstitucionalidad Contra el Aborto.

Estimados amigos, clientes y seguidores:

Tenemos el agrado, una vez más, de compartir una nota periodística de actualidad, quedando abiertos a cualquier consulta que quieran hacer sobre el tema, desde el punto de vista jurídico.

Saludos Cordiales
D. P. T. U.

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Aborto: Catedrático Plantea Recurso de Inconstitucionalidad

La acción podría ser promovida por una institución

El profesor en Derecho Constitucional Eduardo Esteva Gallicchio señaló que la ley que despenalizó el aborto es inconstitucional pero que hay problemas en definir quiénes pueden recurrirla ante la Suprema Corte de Justicia. Expresó que una posibilidad es que lo hagan instituciones de atención médica.

"En el caso del aborto, la protección que da el derecho interno uruguayo, o sea la Constitución, es superior a la que brinda el Pacto de San José de Costa Rica, por lo que el argumento que en base a ese pacto es posible legislar sobre ese tema no me parece correcto", dijo el catedrático a El País.

Esteva Gallicchio sostuvo que "si la protección del derecho interno es superior a la del derecho internacional, no se aplica el Pacto de San José porque es una protección subsidiaria respecto a la nacional, es un derecho de mínima y no de máxima".

Recordó que argumentó en ese sentido en la Comisión de Constitución de la Cámara de Representantes cuando se trató este proyecto de ley. Señaló que la Constitución uruguaya protege el derecho a la vida y "siendo así, eventualmente la Suprema Corte de Justicia la podría declarar inconstitucionalidad". Consultado sobre cómo llegar a la presentación de una solicitud de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, Esteva Gallicchio dijo que "hay problemas de legitimación".

Añadió que "más todavía con la posición que ha asumido la Corte en el caso del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), en que dice que tales artículos son inconstitucionales y en otros no hay legitimación de los actores, porque la legitimación es de los gobiernos departamentales", acotó.

Expresó que de esa forma, la Suprema Corte "revisa el concepto tradicional de interés directo, personal y legitimo" por lo que "en el caso de la ley de aborto hay problemas de legitimación pero puede haber interesados".

"Es muy difícil que una persona cualquiera pudiera pedir la declaración de inconstitucionalidad. Cualquier persona que esté opuesta en principio no tendría legitimación, porque según la Constitución no tendría interés directo, personal y legítimo", afirmó. Pero "quizá se podría pensar en una institución de asistencia médica", agregó.

En el libro Veto al aborto, estudios interdisciplinarios sobre las 15 tesis del presidente Tabaré Vázquez, editado por la Universidad de Montevideo, Esteva Gallicchio publicó un artículo en que señaló que "el concebido no nacido es titular del derecho a la vida, como derecho preexistente a la regulación constitucional (interpretación doctrinal prácticamente unánime del art. 7 de la Constitución)". "Que es, asimismo, titular del derecho a la vida, en su calidad de derecho inherente a la personalidad humana", agregó.

Según el profesor, "en el Derecho uruguayo, ambos preceptos otorgan mayor protección frente a otras regulaciones complementarias o coadyudantes, por lo que no ceden ante cualesquiera interpretaciones que se realicen de los vocablos `en general`, utilizados por el art. 4 de la Convención Internacional de los Derechos Humanos".

"En caso de examinarse un posible llamado `conflicto` con otros derechos o libertades, es menester tener presente que no es afectable el contenido esencial de los derechos individualizados", sostuvo en ese artículo.

"De hallarse en `conflicto` derechos preexistentes con derechos a la protección en el goce consagrados por el art. 7, segunda oración, no pueden los segundos preferir a los primeros", concluyó.

Esteva Gallicchio es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Montevideo, excatedrático de Derecho Constitucional y de Derecho Público en la Universidad de la República, presidente de la Sección Uruguay del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional y profesor en la Maestría en Derecho con énfasis en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Católica.

Fuente: http://www.elpais.com.uy/130301/pnacio-699190/nacional/aborto-catedratico-plantea-recursos-de-inconstitucionalidad/

Invitación a Seminario con los Dres. Fabriau y Bene.

Estimados amigos, clientes y seguidores:

Compartimos invitación a una actividad por demás oportuna en estos días, que seguramente aportará a la reflexión.

La misma será protagonizada por los Dres. Daniel Fabriau y Gisela Bene, entre otros profesionales con idoneidad en el tema.

Saludos a todos.

D. P. T. U. (Derecho Para Todos Uruguay)


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Traslado de la Dra. Mariana Mota (II).

Estimados Amigos, Clientes y Seguidores:

Ampliamos la información brindada en la entrada anterior.

Saludos a todos.

D. P. T. U.

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Jueza Mariana Mota recurrirá decisión de su traslado a lo civil

La magistrada afirma que la obligación de investigar no se está cumpliendo y que se están obstaculizando las investigaciones.

La Suprema Corte de Justicia trasladó a la jueza Mariana Mota de la órbita penal a la civil por lo que la magistrada deberá dejar unas 50 causas vinculadas a los delitos cometidos durante la dictadura y la investigación sobre el avión Air Class que se precipitó a las aguas del Río de la Plata causando dos muertos. 

A las 11 de la mañana, en el momento en que la jueza preste juramento por su traslado, organizaciones de Familiares de Desaparecidos, integrantes de la FEUU y la Fundación Mario Benedetti, harán una manifestación frente al Palacio Piria.

En declaraciones al semanario Brecha la jueza Mariana Mota dijo que recurrirá el traslado y que en caso de que el recurso no prospere podría acudir a un tribunal internacional. 

Mota entiende que este traslado viola la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Gelman.  “Se están obstaculizando las investigaciones” y no es por quien asuma en su lugar sino porque la nueva magistrada (Beatriz Larrieu) “tiene que empezar desde el desconocimiento de las causas y debe ver cómo estamos en casi 50 causas de no menos de 600 fojas cada una, más los legajos militares y los archivos de miles de fojas digitalizadas de los tribunales militares en cada caso” explicó.

“Tendrá que pasarse mucho tiempo leyendo no solo los expedientes sino jurisprudencia, doctrina, convenciones, convenios internacionales o declaraciones de unas causas con las de otras, trazarse estrategias de investigación”, añadió la magistrada a Brecha.

También dijo que desde hace años el Poder Judicial no puede dar respuesta a quienes piden justicia por sus familiares desaparecidos y aseguró que no defiende su independencia ante el poder político.

Mota afirmó que con su traslado “la obligación de investigar no se cumple” y aseguró que “hay archivos militares que permanecen ocultos y algunos militares han alardeado que esos archivos son su salvoconducto”.

Fuente: http://www.subrayado.com.uy/Site/noticia/21047/jueza-mariana-mota-recurrira-decision-de-su-traslado-a-lo-civil

Traslado de la Dra. Mariana Mota.

Estimados amigos, clientes y seguidores:

Compartimos nota de actualidad, referida al polémico y preocupante traslado de la Dra. Mariana Mota, de un juzgado penal a un juzgado civil.

Saludos a todos.

D. P. T. U.

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Polémico traslado de la jueza Mariana Mota de penal a civil

Tuvo problemas con el ministro de Defensa, Fernández Huidobro, y cuestionó al presidente Mujica por su política en derechos humanos.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) decidió trasladar a la jueza Mariana Mota del juzgado penal que ocupaba a uno de la esfera civil.

El traslado generó sorpresa y malestar en la magistrada, que cree que se debió a sus diferencias con integrantes del Poder Ejecutivo.

Tiempo atrás, en una entrevista con el periódico Página 12 de Argentina, Mota cuestionó al presidente José Mujica y al ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, por su política en materia de derechos humanos y los crímenes de la dictadura.

Dijo que por ser ex rehenes de la dictadura (1973-1985) “tal vez no pueden ver con objetividad un proceso dictatorial que los tuvo como víctimas”.

Mota dirigía también la investigación judicial sobre el accidente en junio de 2012 del avión de la empresa Air Class que se estrelló en el río de la Plata. En este siniestro murieron los pilotos Walter Rigo y Martín Riva.

Tras una primera búsqueda y rescate de los restos del avión, Mota ordenó al Ministerio de Defensa continuar la búsqueda de más restos, pero el ministro Fernández Huidobro desobedeció el mandato judicial.

La magistrada cuestionó al ministro en el programa Santo y Seña de canal 4, el año pasado, y dijo que Fernández Huidobro podía incurrir en desacato al desconocer su orden de continuar con la búsqueda de los restos del avión accidentado el 6 de junio de 2012.

Tras meses sin cumplir la orden judicial, a fines de enero de este año, 2013, Defensa decidió retomar la búsqueda y por orden de la jueza Mota convocó nuevamente al buzo y rescatista Héctor Bado, quien hallara los primeros restos del avión de Air Class.

A falta de pocos días para retomar la búsqueda, la Corte decidió remover a Mota del juzgado penal que ejercía y la trasladó a un juzgado civil.

El presidente de la Corte, Jorge Ruibal, aseguró este miércoles que el traslado no tiene nada que ver con las diferencias que tuvo Mota con el gobierno de Mujica y con el ministro de Defensa.

Sin embargo, fuentes judiciales confiaron a Subrayado que ese “mal relacionamiento” con el Ejecutivo sí pudo precipitar el traslado.

Fuente: http://www.subrayado.com.uy/PortalTest/Site/noticia/21009/polemico-traslado-de-la-jueza-mariana-mota-de-penal-a-civil

Juez Letrado Demanda a la Suprema Corte de Justicia.

Estimados colegas:

Compartimos nota de actualidad y de interés para nuestra profesión.

Saludos a todos.

D. P. T. U.

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Un Juez Demanda a la Corte ante la Comisión Interamericana de DD. HH.

EDUARDO DELGADO
 

El juez Duvi Teixidor demandó a la Suprema Corte de Justicia ante la Comisión Interamericana de DD.HH. La acusa de violar la independencia en el ejercicio de la judicatura. Teixeidor fue sancionado por dar salidas transitorias a un narcotráficante.

En octubre de 2003, cuando era juez letrado departamental de Salto, la Suprema Corte de Justicia descendió de categoría a Teixidor, que pasó a desempeñarse como juez de Paz en Montevideo.

La sanción impuesta se debió a la decisión que tomó el magistrado en septiembre de 2002, de conceder un régimen de salidas transitorias con fines laborales al recluso Omar Clavijo, que estaba encarcelado acusado del tráfico de unos 200 kilos de marihuana.

Clavijo no retornó de una salida transitoria y en julio de 2003 fue asesinado a balazos en Paraguay.

En la demanda que Teixidor presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), señala que la sanción que se aplicó afectó la independencia técnica, el debido proceso legal y la igualdad ante la ley.

Agrega que los procedimientos seguidos en la jurisdicción interna "demuestran que en el Uruguay no existe un proceso específico para el enjuiciamiento de los magistrados que sea respetuoso de los estándares internacionales en la materia".

En la demanda ante la CIDH, Teixidor indica que las salidas transitorias contaron con el informe favorable de los técnicos del Ministerio del Interior, lo que es un requisito legal para la concesión de las mismas. Agrega que dichas salidas se cumplieron normalmente hasta el 30 de septiembre de 2002, fecha en que se verificó la fuga del recluso Clavijo.

INDEPENDENCIA.La sanción impuesta por la Suprema Corte "ingresó al mérito de la concesión del beneficio y por lo tanto afectó la independencia técnica del magistrado".

Agregó que las múltiples referencias en la resolución "a las supuestas repercusiones sociales de la resolución judicial (que habrían causado descrédito en la Administración de Justicia) son particularmente indicativas de que la sanción no se impuso como consecuencia de la violación a una regla de derecho por parte del Magistrado".

A esto, Teixidor suma que es la primera vez que un juez es sancionado por la concesión de una salida transitoria, "ya que no son pocos los casos en que un recluso con salidas transitorias se da a la fuga o comete delito". Añade que tampoco se conoce caso alguno en que se haya sancionado a un juez por conceder una libertad provisional, en aquellos casos en que el recluso excarcelado comete un nuevo delito.

"Por lo tanto, en el caso denunciado la sanción no solamente afectó la independencia judicial sino también la igualdad ante la ley, pues el Juez Teixidor fue objeto de un trato discriminatorio injustificado en relación a otros jueces que han adoptado resoluciones similares", expresa la demanda.

IMPRUDENCIA.La resolución de la Suprema Corte que descendió de categoría a Teixidor, afirma que "no fue prudente al conceder una salida transitoria a una persona fuera de lo común como el Sr. Omar Clavijo, con antecedentes específicos, peligroso, imputado de un delito grave"

En sus considerando, la resolución dice además que Teixidor "incurrió en imprudencia por no tener en cuenta la proximidad de la zona fronteriza"; "que decidió en contra de la opinión del Ministerio Público"; "que la fuga de Clavijo causó decepción en la sociedad y descrédito en la Administración de Justicia".

Teixidor sostiene en la demanda ante la CIDH que cumplió con todos los requisitos legales previstos en la ley 16.928, "por lo que la decisión de la concesión de la salida laboral fue adoptada conforme a derecho" y la sanción de la Suprema Corte de Justicia "ingresó al mérito de la concesión del beneficio y por lo tanto afectó la independencia técnica".

Un narco ejecutado

Omar Clavijo había sido procesado con prisión por transporte de aproximadamente 200 kg de marihuana. En septiembre de 2002 no volvió de una salida laboral y fugó a Paraguay. En junio de 2003 fue asesinado de siete balazos en una zona cercana a Pedro Juan Caballero (Paraguay).

Fuente: http://www.elpais.com.uy/130129/pnacio-691822/nacional/Un-juez-demanda-a-la-Corte-ante-la-Comision-Interamericana-de-DD-HH-/

Asesoramiento Jurídico en Tacuarembó.

Tacuarembó es el departamento más extenso del Uruguay, creado por ley del año 1837, bajo el gobierno del General Manuel Oribe. Su capital es la ciudad homónima.

Se destaca por su producción ganadera (vacuna y ovina), arrocera y forestal, actividad esta que ha fomentado la presencia de aserraderos y otras industrias en la capital del departamento.
En su territorio se encuentran basaltos y areniscas, conformando un paisaje de praderas y cerros chatos. Las areniscas, con buzamiento este - oeste, hacen que las aguas pluviales penetren al este de la Cuchilla de Haedo y fluyan debajo de la formación basáltica hacia el oeste del territorio uruguayo, alcanzando en la zona cercana al Río Uruguay los 1.500 metros de profundidad, siendo este el origen de las numerosas termas existentes.

 

En el Departamento de Tacuarembó, nuestro clientes cuentan con el respaldo y la atención que nos caracteriza, en manos del Dr. Pablo Galarraga, un novel pero experiente abogado cuya responsabilidad profesional es solamente comparable a su calidad humana.

Comuníquese y realice su consulta con total reserva y sin compromiso: derechoparatodosuy@gmail.com

En caso de URGENCIAS EN MATERIA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA, PENAL Y ADOLESCENTES EN TACUAREMBÓ, comuníquese con cualquiera de los teléfonos que encontrará al inicio de esta página, por medio de los cuales le ofrecemos ATENCIÓN LAS 24 HORAS.

DERECHO PARA TODOS URUGUAY

Asistencia Jurídica en Cerro Largo.

Cerro Largo es un departamento situado en el noreste del país. Limita al oeste con Durazno, al norte con Rivera y Tacuarembó, al este con Brasil, y al sur con el departamento de Treinta y Tres.

Tiene 13 648 km², lo que lo convierte en el cuarto departamento más extenso de Uruguay, y una población estimada de 86 564 habitantes según el censo de 2004. La capital departamental es la ciudad de Melo, ubicada a 387 km de Montevideo.

　

La ganadería es la principal fuente económica del departamento, y se concentra principalmente en los ganados ovino y vacuno. Esta actividad ha disminuido en virtud de la aparición de nuevas praderas y la forestación. La pesca, la explotación de arcilla y la silvicultura son también representativas.

La agricultura, si bien la ganadería ha ocupado el primer puesto en la producción, el arroz viene ganando terreno llegando al punto de ser el 2º departamento en producción por toneladas, caracterizándose este por ser casi al 100% de exportación, en tercer plano se destacaría el maíz, el trigo, la soja, frutos, cítricos y vid. La Industria gira en torno a un frigorífico, una fábrica de bebidas (la más antigua del país), una planta lechera importante (COLEME), algunas pocas bodegas y a una serie de tambos lecheros.

En el Departamento de Cerro Largo, nuestro clientes cuentan con el respaldo y la atención que nos caracteriza, en manos del Dr. Emiliano Soria Díaz, un joven abogado comprometido con la realidad de su departamento y su gente.

Comuníquese y realice su consulta con total reserva y sin compromiso: derechoparatodosuy@gmail.com

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