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Derecho Para Todos Uruguay
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Abogados preocupados por el avance de las
regulaciones
Advierten que jueces laborales de la región
se apartan de algunas normas
Gabriel Pastor
Entre el miércoles 12 y el viernes 14, 600 abogados de
América Latina, Estados Unidos y Europa asistieron a la conferencia bienal del
Foro Regional Latinoamericano de la
IBA (International Bar Association), realizada en Punta del
Este. Marcela Hughes, socia del estudio Hughes & Hughes, copresidenta del
Foro Latinoamericano de la IBA,
dijo en una entrevista con El Observador que existe preocupación en la
organización por el avance regulatorio, pues está impactando en los
presupuestos de las compañías y distrae a las empresas de sus actividades
principales. Señaló, además, que en la
IBA, que preside Michael Reynolds, de Allen&Overy
(Bruselas), están inquietos por la tendencia judicial en materia laboral. Los
tribunales “han estado apartándose de la norma escrita y están fallando al
margen de esta”, afirmó.
¿Cuál es la tendencia mundial en materia de fusiones (M&A) de
compañías?
El número de M&A en América Latina crece en forma constante y paulatina.
Algunas estadísticas reflejan que en el año 2013 se registraron fusiones y
adquisiciones en América Latina por US$ 85 mil millones. Brasil y México son los
mercados más desarrollados, más propensos a recibir inversión multinacional y
asimismo donde el mayor número de “multilatinas” está asentado, y desde donde
es de esperar que se dispare mayor inversión intrarregional. Chile, Colombia y
Perú son mercados consolidados, con un ambiente propenso a la inversión. Existe
una novedosa tendencia de que empresas locales –e incluso algunas de
titularidad extranjera– están siendo adquiridas por “multilatinas”. Por otra
parte, los deals están adquiriendo un mayor nivel de complejidad, pues es
frecuente que multinacionales o multilatinas adquieran, a la misma vez,
empresas en distintos países latinoamericanos pertenecientes a un mismo grupo
económico.
¿Cuáles son los sectores más atractivos?
Sin duda que la infraestructura, por la baja calidad de calles, rutas y trenes
en la región. Y también la agroindustria, el sector de consumo masivo, energía,
minería, petróleo y gas. En Brasil y Perú hay gran interés en el sector
educativo y se advierte como novedoso las actividades relacionadas con internet
y tecnología, en Brasil, Argentina y Chile.
¿Y en Uruguay?
En el caso específico de Uruguay, tres sectores dominaron el proceso en el año
2013: energía, minería, petróleo y gas (16% de las operaciones); industria,
manufactura e ingeniería (15%) y consumo (14%).
Un tema de inquietud entre los abogados y juristas es la tendencia
regulatoria que está aumentando los precios a las empresas. ¿Cuál es la
realidad de Uruguay en ese sentido?
Existe cierta preocupación por el avance regulatorio. La realidad es que toda
regulación termina, en general, expresándose en la necesidad de las empresas de
reportar mayores cantidades de datos, efectuar cortes de información que antes
no efectuaban, producir documentos y obtener constancias, lograr inscripciones
en registros y un sinnúmero de actividades que insumen trabajo y dinero,
impactando en el costo de funcionamiento y distrayéndolos de sus actividades
principales. En el Uruguay actual, hay muchos ejemplos de ello. En este
sentido, hoy las empresas deberían estar reportando, entre otras tareas, si
tienen una base de datos, comunicando el nombre de sus accionistas, efectuando
pesados reportes laborales, controlando a algunas empresas tercerizadas para
evitar responsabilidades laborales y de seguridad social. Naturalmente, estos
costos empujan a empresas más pequeñas a la informalidad. No puede concluirse
de esto que sean malos los controles. Pero debe haber un balance. En los
distintos países las preocupaciones de fondo en la regulación son básicamente
las mismas: una apropiada distribución de los riesgos y de los costos entre el
Estado y el particular (por ejemplo, costos de estudios y de construcción,
riesgos de resultados de operación); una adecuada estructura de incentivos en
favor del particular que permitan mantener un alto nivel de calidad en el
servicio entregado, de modo que reciba una retribución proporcional a los
riesgos que asume; brindar facilidades para el financiamiento de las obras a
través del mercado de capitales, permitiendo no solo la participación de
bancos, sino que también de inversionistas institucionales que posean
suficiente liquidez (fondos de pensiones, etcétera) y contemplando garantías
satisfactorias; establecer mecanismos expeditos de resolución de conflictos entre
el Estado y el particular, especialmente en lo que respecta a diferencias
meramente técnicas. Lo que va variando significativamente de país en país es la
forma concreta en que dichos fines son abordados, habiendo una amplia gama de
alternativas, lo que puede incidir finalmente en el mejor resultado que ciertos
países obtienen versus otros en el objetivo de atraer inversionistas. Es decir,
si bien básicamente en todos los países de la región se sabe cuáles son los
temas críticos que un inversionista requiere evaluar a la hora de tomar la
decisión de asumir una megaobra, hay países que simplemente no han contemplado
en sus regulaciones los mecanismos adecuados que aborden tales temas en
términos satisfactorios para el inversionista, resguardando, en definitiva, los
intereses del Estado por sobre los necesarios incentivos que requiere aquel.
Las empresas uruguayas se han mostrado muy inquietas en los últimos
años por el aumento de litigios en tribunales de trabajo. ¿Es también una
tendencia del continente?
A nivel general existe una preocupación por los tribunales y jueces que en
materia laboral en Latinoamérica han estado apartándose de la norma escrita y
están fallando al margen de esta, creando en algunos casos precedentes que
luego siguen otros jueces. Dependiendo del país, está permitido que los jueces
creen estos precedentes de aplicación obligatoria y en otros deben ser simples
referencias a tener en cuenta por los jueces al emitir el fallo.
¿Existe preocupación entre los expertos que integran la IBA por el aumento en el
intercambio de información tributaria entre los países?
En el panel que analizó el intercambio de información se discutió sobre las
diversas iniciativas multilaterales, bilaterales y unilaterales conducentes a
un mayor intercambio de información en materia fiscal. Se habló, por ejemplo,
del impacto de una reciente legislación estadounidense, Fatca (por sus siglas
en inglés), y que requiere que los bancos y otros intermediarios financieros y
no financieros de todas partes del mundo (incluyendo América Latina)
identifiquen a aquellos clientes o cuentahabientes que califiquen como personas
de Estados Unidos (básicamente, ciudadanos y residentes de EEUU). En ese
contexto se abordó el tratado de doble tributación e intercambio de información
que ha entrado en vigor recientemente entre Argentina y Uruguay.
En general, el intercambio de información fiscal plantea potenciales conflictos
con normas de secreto bancario y de reserva en la prestación de servicios
profesionales, al igual que la posibilidad del cumplimiento con ciertos
requerimientos de información de otros países. Particularmente, en el caso de
Estados Unidos con motivo de la legislación Fatca, pueden constituirse, a su
vez, hechos punibles en el país al que se le solicita la información. Todo ello
plantea temas jurídicos complejos.
Fuente: http://www.elobservador.com.uy/noticia/274694/abogados-preocupados-por-el-avance-de-las-regulaciones/
