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No se sabe cuántos hay por delante ni cuánto dinero se perdió
En nueve años, una oficina no pudo contar juicios al Estado
Una dirección creada en el MEC hace nueve
años para relevar los juicios contra el Estado y definir una estrategia
de defensa, no tiene registro de cuántos litigios se enfrentaron en los
últimos años, cuántos hay por delante ni cuánto dinero se perdió.
VIVIANA RUGGIERO dom sep 7 2014
La Dirección de Asuntos
Constitucionales, Legales y Registrales funciona en el quinto piso del
Ministerio de Educación y Cultura desde el año 2005, cuando se creó por la ley 17.930
con el cometido de "relevar la situación del Estado en materia de juicios
en que éste sea actor o demandado". Allí se desempeñan dos
administrativos, tres abogados y un director, cargo que es ocupado desde 2011
por Pablo Maqueira.
¿Sabe cuántos juicios tuvo el Estado
en su contra en los últimos años? ¿Y cuánto se pagó por juicios perdidos?
¿Cuántos hay por delante? ¿Hay alguno que preocupa en particular? Todas estas
preguntas fueron realizadas a Maqueira y tuvieron la misma respuesta: "No".
El jerarca no esconde que no se ha
podido cumplir con los objetivos y reconoce que el único avance que se logró es
el desarrollo de un software que tiene dos funcionalidades: servir como
programa de gestión y procuración de los juicios de cada una de las jurídicas de
los ministerios y a su vez estar conectados on-line con la dirección para que
esta pueda centralizar la información.
Si bien no fue terminado, está en una
etapa de testing y, según Maqueira, la idea es dejarlo operativo antes de que
termine el período. "Avances concretos creo que sí hubo, no son visibles.
Los avances están en el software", explicó el jerarca.
Desde que se creó la dirección,
hace nueve años, se hizo un acuerdo de cooperación con España, un convenio con la Facultad de Derecho y se
entrevistó a un representante del área jurídica de cada ministerio para hacer
un estado de situación que culminó en 2010.
Según Maqueira, ahí se detectó que
cada institución tiene "su librito" y que las realidades son
totalmente diferentes.
En ese momento culminó una "primera
etapa" de la dirección. "Después vino una ley de Presupuesto en la
que se agregó la obligación de recibir de cada uno de ellos información sobre
los juicios (…) cuando nos enfrentamos a eso dijimos: ¿cómo hacemos para
concentrar toda la información? Eso nunca se reglamentó y nosotros empezamos a
trabajar en el desarrollo del software", explicó.
En paralelo, según Maqueira, se
trabajó y está casi pronto un proyecto de decreto para que se reglamente la
norma legal que ordena que cada ministerio tiene que derivar la información
jurídica a la dirección; y a su vez explicita cómo debe hacerse.
"Eso está a la espera de que
quede pronto el software", reiteró, y comentó que será muy importante
porque hay "resistencia" a que la dirección centralice la
información.
"Se genera eso de ¿por qué
tengo que pasar esto? Hay gente que se siente controlada, hay recelo. Yo creo
que es entendible también porque no están acostumbrados a que nadie externo se
meta en su trabajo", opinó Maqueira.
Ignorados.
Los juicios contra el Estado
preocuparon especialmente al presidente José Mujica durante todo su mandato e
incluso ha hablado públicamente en varias oportunidades sobre el tema.
"Están los que parasitan a costillas
del Estado y a veces roban fortunas. Y lo peor es que uno los siente a estos
picapleitos opinar de la democracia y las garantías institucionales, hablando
en sesudos programas. No son otra cosa que parásitos del sistema jurídico, que
tratan de medrar de los recursos del pueblo que trabaja", dijo el
presidente en una de sus audiciones por M24 en 2013.
Tiempo después Mujica encomendó al
secretario de la
Presidencia, Homero Guerrero, reunir a los encargados de los
departamentos jurídicos de los organismos públicos para "coordinar
acciones", una tarea que debería cumplir la Dirección de Asuntos
Constitucionales, Legales y Registrales.
"Yo fui a una reunión que
tenía como objetivo entregar la información jurídica pero acompañando a los
jerarcas del Ministerio de Educación y Cultura. Nosotros no tuvimos nada que
ver con eso, ni se nos consultó. Fue algo que se hizo desde Presidencia. Ni
siquiera sé qué evaluación se hizo", reconoció Maqueira.
El País intentó comunicarse, sin
éxito, con Guerrero para conocer las cifras y las conclusiones del análisis de
las mismas. Los datos son importantes para poder hacer un análisis y detectar
qué errores se están cometiendo en las defensas del Estado ante la Justicia y delinear
nuevas estrategias.
De hecho, en los últimos gobiernos
existieron dudas sobre las Jurídicas del Estado y en juicios millonarios se
contrataron estudios de abogados por fuera de las instituciones públicas.
Las tareas de la dirección
Ha procurado la articulación de
Servicios Jurídicos como la
Fiscalía de Corte y
Procuraduría General de la Nación, entre otros, con el
fin de consolidar los canales de coordinación entre las direcciones y la
administración central del MEC.
Se propició un acuerdo de
cooperación con el Centro de Estudiantes de Derecho con la finalidad de
fortalecer el sistema de consultorios jurídicos barriales, colaborando en la
financiación de abogados para desempeñar las tareas.
Tiene a su cargo el proceso de los
pedidos de cooperación jurídica desde Uruguay al exterior y desde otros país al
Poder Judicial uruguayo.
Ha trabajado en los organismos
regionales Mercosur y Unasur y en el ámbito iberoamericano a través de la Comjib (Conferencia de
Ministros de Justicia Iberoamericanos).
En diez años, 1.092 procesados
por delitos en contra del Estado
Entre los años 2003 y 2013, fueron
procesadas 1.092 personas imputadas por delitos contra la Administración Pública,
de acuerdo con un estudio de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en base a
información del Registro Nacional de Antecedentes Judiciales del Instituto
Técnico Forense del Poder Judicial.
El 26,5% de los delitos son los de
peculado (apropiación de dinero del Estado), fraude en el 20% de los casos y
cohecho simple (coimas) en el 15,1%. En números absolutos, se imputó a 289
personas por apropiación de dinero del Estado, a 218 por fraude y 165 por
recibir coimas.
Además, hubo 116 procesamientos
por concusión (funcionario que exige una coima para hacer o no hacer
determinada cosa) lo que representa el 15,1% del total de procesamientos, al
tiempo que se dispusieron 101 enjuiciamientos por abuso de funciones, cifra que
es el 10,6% del total.
El 2008 fue el año donde se
registraron más procesamientos por delitos contra la Administración Pública,
ya que la cifra total llegó 137. Luego siguen el año 2006 con 128 casos, 2003
con 123 y 2009 con 104.
Fuente: http://www.elpais.com.uy/informacion/afe-justicia-juicio-multimillonario-dinero.html
