Salud - Créditos Laborales - Discapacidad.

Estimados Amigos, Clientes y Seguidores:

Adjuntamos cuadro comparativo de utilidad para entender el alcance de las leyes referidas.
Atentos Saludos

El equipo de DPTU.

Dr. Carlos Daniel Cabrera.

Objeción de Conciencia.

Estimados Clientes, Amigos y Seguidores:

En esta oportunidad compartimos una nota de prensa de especial interés debido al tema al que refiere.

¿Por qué hemos adoptado la modalidad de compartir notas de prensa con temas jurídicos?

Porque nuestra experiencia indica que los clientes potenciales se identifican con situaciones cotidianas, y mediante esta identificación, logran determinar que el problema que padecen puede enfocarse desde una perspectiva jurídica, mediante el asesoramiento con un Abogado de confianza.

En este caso en particular, hemos recibido consultas de profesionales médicos, referidas a la objeción de conciencia, y hemos brindado el asesoramiento correspondiente.

Pero más allá de atender a profesionales, nuestro principal objetivo es que “leyendo el diario”, el uruguayo común constate que el asesoramiento jurídico de calidad le permitirá encontrar la vía de solución a problemas y situaciones cotidianas, que le suceden también a otras personas.

Para estimular a los potenciales clientes, a quienes está dirigida nuestra página, creemos firmemente que es más adecuado utilizar el lenguaje de uso corriente, que bombardearlo con terminología jurídica o aspectos técnicos que muchas veces vuelven el tema incomprensible y, sobre todo, no generan confianza.

Estamos a las órdenes, como siempre, para ofrecer al cliente asesoramiento jurídico calificado, transmitido en lenguaje accesible para todos.

Atentos Saludos

D. P. T. U. (Derecho Para Todos Uruguay)

**********************************

FALLO

Ginecólogos podrán abstenerse de asesoramiento para realizar abortos

Un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo anula siete artículos de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Los médicos no estarán obligados a derivar a la mujer que quiere abortar a otro especialista.

Según publica hoy El Observador, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo falló a favor de 100 ginecólogos que presentaron un recurso para impugnar 11 de los 42 artículos de la ley que reglamenta la interrupción del embarazo. En el escrito, los integrantes del TCA fallaron a favor de anular siete de los once artículos que los médicos rechazaban.

Con este fallo y a partir del pronunciamiento del Tribunal, todos los ginecólogos podrá abstenerse de realizar el asesoramiento que obligaba la ley y que establecía los pasos a seguir e informar a una mujer que deseaba realizarse un aborto. 

En la legislación original, los médicos sólo podían objetar el acto final (el aborto en sí), pero no podían negarse a participar del proceso de información y asesoramiento a la mujer que voluntariamente deseaba abortar. 

Según el fallo al que accedió El Observador, los médicos alegaban que el decreto "restringía ilegítimamente el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia del personal de salud".

Ahora, los médicos no estarán obligados a derivar a otro especialista a la mujer que manifiesta que desea realizarse un aborto pero sí deberán informarle sobre otras alternativas al aborto como adopción o la lista de instituciones que ayudan a mujeres embarazadas.

Fuente: http://www.elpais.com.uy/informacion/ginecologos-podran-abstenerse-aborto-ley.html

Duración de los Juicios.

Estimados Clientes, Amigos y Seguidores:

Si bien la actividad judicial se ha visto resentida por las medidas gremiales adoptadas desde fines del año 2014, continuamos recibiendo y evacuando consultas, manteniendo reuniones con nuestros clientes, y haciendo el seguimiento de nuestros casos, ya que las oficinas judiciales continúan funcionando, aunque en horarios dispares.

Hecha la aclaración, compartimos nota de interés sobre un asunto que es preocupación recurrente de nuestros clientes y consultantes.

Saludos Cordiales

D. P. T. U.

************************

ESTADÍSTICA JUDICIAL

Un juicio civil dura 18,3 meses promedio

La duración total, incluyendo todas sus instancias, de los procesos civiles finalizados por sentencia definitiva en los juzgados de Montevideo tuvo un muy leve repunte en el año 2013, ubicándose en los 18,3 meses, una unidad por encima del registro del año 2012, que era de 17,3 meses.

Así lo consigna un informe divulgado por la Suprema Corte de Justicia y elaborado por el Departamento de Estadísticas de la División de Planeamiento y Presupuesto del Poder Judicial, en el que se analiza la duración de los procesos y la evolución de otros indicadores globales.

El documento también revela que la cantidad de asuntos iniciados en el año 2013 en los juzgados letrados con materia civil de Montevideo aumentó prácticamente en todos los turnos (que son un total de veinte). Sin embargo, si se observa la evolución en el período 2001-2013 se advierte una tendencia descendente en el número de asuntos iniciados, manteniéndose desde el año 2008 en el entorno de los 7.800 casos.

El año 2002 fue en el que hubo mayor demanda, dado que se iniciaron 17.904 asuntos en los juzgados de Montevideo. Debe tenerse en cuenta que el período de tiempo 2001-2003 refleja la crisis económica y del sistema financiero. Por otro lado, el año 2009 es el que tuvo el menor registro con un total de 7.538.

Fuente: http://www.elpais.com.uy/informacion/juicio-civil-dura-meses-promedio.html

Tributos Municipales.

Estimados Clientes, Amigos y Seguidores:

Compartimos nota de interés.

Estamos a disposición para consultas referidas a impuestos municipales, contribución inmobiliaria, tasa de saneamiento, deudas y determinación de obligados al pago.

Saludos Cordiales

D. P. T. U.

**********************

ANUNCIA QUE DEMANDARÁ A LOS VECINOS QUE NO PAGUEN LA CONTRIBUCIÓN

IMM desoye a la Justicia y sigue cobrando a complejos

Como informara El País, los reclamos de los residentes del edificio de viviendas Poseidón, ubicado en el Complejo Habitacional Barrio Sur (rambla y Zelmar Michelini), fueron contemplados por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). 

ANDRÉS LÓPEZ REILLYdom feb 8 2015

El fallo señala que los reclamantes no deben pagar la Contribución Inmobiliaria, por ser "meros tenedores" y no "propietarios" de los apartamentos que habitan, algo similar a lo que ocurre con quienes alquilan, que tampoco deben pagar este tributo.

Más allá de los aspectos técnicos o jurídicos, lo relevante de este fallo es que podría ser aplicable al resto de las torres que integran el CH Barrio Sur, al haber sentado jurisprudencia y tratarse de un mismo tribunal que tramita todos los casos de este tipo. A su vez, por extensión, también podría abarcar a la totalidad de los complejos del Banco Hipotecario (o Agencia Nacional de Vivienda) en los que los habitantes son meros tenedores y no propietarios de los apartamentos.

El fallo del TCA señala textualmente que los vecinos "no son poseedores, ni promitentes compradores con promesa inscripta, ni propietarios, ni mejores postores en remate judicial, razón por la cual, no se verifica el aspecto subjetivo del hecho generador del tributo".

Con este fallo, los vecinos podrían iniciar un juicio reparatorio patrimonial contra la Intendencia, exigiéndole que les devuelva lo que han pagado por concepto de Contribución Inmobiliaria.

Frente a lo resuelto por la Justicia y la posibilidad de que se tengan que regresar esos dineros, el director de Recursos Financieros de la comuna, Arturo Echevarría, aseguró a El País que "los fallos no dicen que la Intendencia no tenga derecho a cobrar la Contribución Inmobiliaria: lo que dicen es que el promitente comprador no tiene que pagarla. Si el promitente comprador no tiene que pagarla, la tiene que pagar el Banco Hipotecario".

Echevarría indicó que la Intendencia no devolverá el dinero a los vecinos. Y fue más lejos: "Iniciaremos las acciones judiciales contra quienes dejen de pagar. Yo, como director de Recursos Financieros, no veo justo que determinadas personas que se han visto beneficiadas por determinados planes del gobierno, que se les dio una vivienda financiada por el tipo de contrato que firmó, se arroguen el derecho de no contribuir con la ciudad".

Catarata de reclamos.

Según pudo saber El País, el TCA se apresta a fallar sobre 45 expedientes iniciados por los vecinos del CH 109 de Palermo.

El abogado Daniel Muñoz patrocinó a los habitantes de 69 unidades del complejo Barrio Sur, pertenecientes a los edificios Poseidón y Surimar, en cada uno de los cuales hay 120 apartamentos.

Muñoz explicó a El País que antes de iniciar las acciones judiciales en 2012 solicitó a la Intendencia que declarara que los habitantes de esos edificios no son sujetos pasivos del tributo de la contribución inmobiliaria, puesto que el BHU no inscribió la promesa. En su petitorio también se reclamaba una devolución de todo lo pagado aun por quienes ya escrituraron la compra, debido a que estos abonaron durante años, algunos desde la década de 1990, cuando la ley no se los exigía.

Ante dos recursos presentados en 2011 por Muñoz para agotar la vía administrativa, la Intendencia hizo una denegatoria ficta al dejar transcurrir los plazos de 150 días que tuvo para responder. Al año siguiente comenzó el juicio en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Este tema jurídico ya le ha dado varios dolores de cabeza a la comuna: durante la actual administración, la IMM debió dejar le de cobrar la Contribución Inmobiliaria a los habitantes de dos complejos habitacionales.

En esos casos, previendo una catarata de juicios por un monto millonario, dejó de cobrarle el tributo a los vecinos del Complejo Habitacional 99 (Buceo) y a los del Centenario IV, ubicado en la zona del Cilindro.

El vecino del CH 99 Heber Hernández fue quien obtuvo un primer fallo favorable del Tribunal de lo Contencioso, sentando un precedente a partir del cual la Intendencia resolvió dejar de cobrarle a todo su complejo y al Centenario IV (ver nota abajo).

"Hay que pagar".

El director de Recursos Financieros de la Intendencia advirtió que pese a los fallos, "nosotros seguimos sosteniendo que la Contribución hay que pagarla".

"La tiene que pagar quien está ocupando, el Banco Hipotecario o la Agencia de Vivienda. La Intendencia no va a dejar de cobrar", destacó.

En este sentido, Echevarría agregó que "yo le dije al edil que estaba insistiendo en que la gente no pagara (Miguel Di Ruocco, del Partido Nacional) que esto puede terminar en un boomerang feo, porque si la gente le hace caso, el día que quieran escriturar con el Banco Hipotecario y no puedan porque deben la Contribución, van a tener un problema".

Consultado por El País, el edil Di Ruocco fue categórico: "Yo nunca le dije a la gente de los complejos que deje de pagar la Contribución. Pero también es un hecho, establecido por la Justicia, que la Intendencia no les puede cobrar".

"Aquí existe un cobro indebido por el afán recaudador de la administración municipal, debiendo enfrentar la devolución de la Contribución que saldrá de los bolsillos de los vecinos de Montevideo. Ahora salen a decir que aumentan la contribución de acuerdo al valor del mercado para cubrir déficit de la Intendencia, cuando en realidad, ese déficit es responsabilidad directa de la gestión", sentenció el edil de la lista 71 del Herrerismo.

Echevarría insistió sobre no dejar de pagar: "El Hipotecario no le va a escriturar a una persona mientras tenga deuda de Contribución. Es un error que no paguen, porque van a tener más problemas. El fallo del tribunal no nos afecta; la Intendencia no tiene que devolver plata y puede seguir cobrando la Contribución".

Echevarría:"Si no paga el vecino, paga BHU"

"Los fallos no dicen que la Intendencia no tenga derecho a cobrar la Contribución Inmobiliaria, lo que dicen es que el promitente comprador no tiene que pagarla. Si el promitente comprador no tiene que pagarla, la tiene que pagar el Banco Hipotecario. La Intendencia no tiene por qué devolverle la plata a la gente", dijo el director de Hacienda de la Intendencia de Montevideo.

"A su vez, hay un contrato firmado entre el promitente comprador y el Hipotecario. El promitente comprador podría decir a la Intendencia no le tengo que pagar, pero al Banco le tiene que pagar. El Hipotecario no le va a escriturar mientras tenga deuda de Contribución. En definitiva, la Intendencia cobra y el promitente comprador paga", agregó.

Di Ruocco:"La realidad golpea a la IMM"

"Lo estamos anunciando desde el año 2010, cuando en su Ley de Presupuesto, la Intendencia intentó introducir el artículo 7º, que establecía que pasaban a ser contribuyentes los promitentes compradores sin promesa inscripta. Finalmente, el Frente Amplio tuvo que retirar el artículo, quedando reconocido que los promitentes compradores de los Complejos Habitacionales no son contribuyentes", señaló el edil del Herrerismo Miguel Di Ruocco.

"En diciembre de 2014 salen a luz dos sentencias condenatorias, acorralando a la IMM a la devolución de dicha contribución. Luego de hacer oídos sordos a la oposición, una dura realidad golpea ahora a la puerta de la Intendencia", concluyó el legislador de la Lista 71.

Los tres complejos que sentaron precedente

CH 99 (BUCEO)

En octubre de 2010 la Intendencia de Montevideo comenzó a agendar a los vecinos del Complejo Habitacional 99 (CH 99) para devolverles el dinero de la Contribución Inmobiliaria que les fue cobrado indebidamente durante varios años, según una resolución del Tribunal de Cuentas de la República (TCA). Este complejo estaba en un terreno municipal (que la comuna vendió después a la Agencia de Vivienda), por lo que se consideró que la IMM "no se podía cobrar un impuesto a sí misma".

CENTENARIO IV (ZONA CILINDRO)

Como el caso del CH 99, la IMM tuvo que dejar de cobrarle la Contribución al complejo Centenario IV, ubicado en la zona del ex Cilindro Municipal. Los edificios también estaban en terrenos municipales. "Ahí la Intendencia hizo el papel del cornudo. Le dio a la gente el terreno para que construya, el Hipotecario construye, firma un contrato de promitente comprador y la gente hace juicio para no pagarle a la Intendencia. Ése es el doble cornudo, les diste y todavía no te pagan", declaró Echevarría El País.

EDIFICIO POSEIDÓN (BARRIO SUR)

A fines del año pasado hubo un fallo del Contencioso Administrativo a favor de un grupos de residentes de la torre Poseidón del Complejo Barrio Sur. La IMM reiteró el argumento de que los residentes son poseedores con ánimo de dueño. Pero eso fue desestimado por el Contencioso, que consideró que los residentes recibieron los apartamentos a título precario. Según pudo saber El País, el TCA se apresta a fallar sobre otros 45 expedientes iniciados por los vecinos del CH 109 de Palermo.

Fuente:http://www.elpais.com.uy/informacion/imm-desoye-justicia-cobra-complejos.html

Estimados clientes, amigos y seguidores:

Compartimos nota de prensa de interés actual para clientes y profesionales.

Saludos Cordiales

Derecho Para Todos Uruguay

***********************

Abogados preocupados por el avance de las regulaciones

Advierten que jueces laborales de la región se apartan de algunas normas

Gabriel Pastor

Entre el miércoles 12 y el viernes 14, 600 abogados de América Latina, Estados Unidos y Europa asistieron a la conferencia bienal del Foro Regional Latinoamericano de la IBA (International Bar Association), realizada en Punta del Este. Marcela Hughes, socia del estudio Hughes & Hughes, copresidenta del Foro Latinoamericano de la IBA, dijo en una entrevista con El Observador que existe preocupación en la organización por el avance regulatorio, pues está impactando en los presupuestos de las compañías y distrae a las empresas de sus actividades principales. Señaló, además, que en la IBA, que preside Michael Reynolds, de Allen&Overy (Bruselas), están inquietos por la tendencia judicial en materia laboral. Los tribunales “han estado apartándose de la norma escrita y están fallando al margen de esta”, afirmó.
¿Cuál es la tendencia mundial en materia de fusiones (M&A) de compañías?
El número de M&A en América Latina crece en forma constante y paulatina. Algunas estadísticas reflejan que en el año 2013 se registraron fusiones y adquisiciones en América Latina por US$ 85 mil millones. Brasil y México son los mercados más desarrollados, más propensos a recibir inversión multinacional y asimismo donde el mayor número de “multilatinas” está asentado, y desde donde es de esperar que se dispare mayor inversión intrarregional. Chile, Colombia y Perú son mercados consolidados, con un ambiente propenso a la inversión. Existe una novedosa tendencia de que empresas locales –e incluso algunas de titularidad extranjera– están siendo adquiridas por “multilatinas”. Por otra parte, los deals están adquiriendo un mayor nivel de complejidad, pues es frecuente que multinacionales o multilatinas adquieran, a la misma vez, empresas en distintos países latinoamericanos pertenecientes a un mismo grupo económico.
¿Cuáles son los sectores más atractivos?
Sin duda que la infraestructura, por la baja calidad de calles, rutas y trenes en la región. Y también la agroindustria, el sector de consumo masivo, energía, minería, petróleo y gas. En Brasil y Perú hay gran interés en el sector educativo y se advierte como novedoso las actividades relacionadas con internet y tecnología, en Brasil, Argentina y Chile.
¿Y en Uruguay?
En el caso específico de Uruguay, tres sectores dominaron el proceso en el año 2013: energía, minería, petróleo y gas (16% de las operaciones); industria, manufactura e ingeniería (15%) y consumo (14%).
Un tema de inquietud entre los abogados y juristas es la tendencia regulatoria que está aumentando los precios a las empresas. ¿Cuál es la realidad de Uruguay en ese sentido?
Existe cierta preocupación por el avance regulatorio. La realidad es que toda regulación termina, en general, expresándose en la necesidad de las empresas de reportar mayores cantidades de datos, efectuar cortes de información que antes no efectuaban, producir documentos y obtener constancias, lograr inscripciones en registros y un sinnúmero de actividades que insumen trabajo y dinero, impactando en el costo de funcionamiento y distrayéndolos de sus actividades principales. En el Uruguay actual, hay muchos ejemplos de ello. En este sentido, hoy las empresas deberían estar reportando, entre otras tareas, si tienen una base de datos, comunicando el nombre de sus accionistas, efectuando pesados reportes laborales, controlando a algunas empresas tercerizadas para evitar responsabilidades laborales y de seguridad social. Naturalmente, estos costos empujan a empresas más pequeñas a la informalidad. No puede concluirse de esto que sean malos los controles. Pero debe haber un balance. En los distintos países las preocupaciones de fondo en la regulación son básicamente las mismas: una apropiada distribución de los riesgos y de los costos entre el Estado y el particular (por ejemplo, costos de estudios y de construcción, riesgos de resultados de operación); una adecuada estructura de incentivos en favor del particular que permitan mantener un alto nivel de calidad en el servicio entregado, de modo que reciba una retribución proporcional a los riesgos que asume; brindar facilidades para el financiamiento de las obras a través del mercado de capitales, permitiendo no solo la participación de bancos, sino que también de inversionistas institucionales que posean suficiente liquidez (fondos de pensiones, etcétera) y contemplando garantías satisfactorias; establecer mecanismos expeditos de resolución de conflictos entre el Estado y el particular, especialmente en lo que respecta a diferencias meramente técnicas. Lo que va variando significativamente de país en país es la forma concreta en que dichos fines son abordados, habiendo una amplia gama de alternativas, lo que puede incidir finalmente en el mejor resultado que ciertos países obtienen versus otros en el objetivo de atraer inversionistas. Es decir, si bien básicamente en todos los países de la región se sabe cuáles son los temas críticos que un inversionista requiere evaluar a la hora de tomar la decisión de asumir una megaobra, hay países que simplemente no han contemplado en sus regulaciones los mecanismos adecuados que aborden tales temas en términos satisfactorios para el inversionista, resguardando, en definitiva, los intereses del Estado por sobre los necesarios incentivos que requiere aquel.
Las empresas uruguayas se han mostrado muy inquietas en los últimos años por el aumento de litigios en tribunales de trabajo. ¿Es también una tendencia del continente?
A nivel general existe una preocupación por los tribunales y jueces que en materia laboral en Latinoamérica han estado apartándose de la norma escrita y están fallando al margen de esta, creando en algunos casos precedentes que luego siguen otros jueces. Dependiendo del país, está permitido que los jueces creen estos precedentes de aplicación obligatoria y en otros deben ser simples referencias a tener en cuenta por los jueces al emitir el fallo.
¿Existe preocupación entre los expertos que integran la IBA por el aumento en el intercambio de información tributaria entre los países?
En el panel que analizó el intercambio de información se discutió sobre las diversas iniciativas multilaterales, bilaterales y unilaterales conducentes a un mayor intercambio de información en materia fiscal. Se habló, por ejemplo, del impacto de una reciente legislación estadounidense, Fatca (por sus siglas en inglés), y que requiere que los bancos y otros intermediarios financieros y no financieros de todas partes del mundo (incluyendo América Latina) identifiquen a aquellos clientes o cuentahabientes que califiquen como personas de Estados Unidos (básicamente, ciudadanos y residentes de EEUU). En ese contexto se abordó el tratado de doble tributación e intercambio de información que ha entrado en vigor recientemente entre Argentina y Uruguay.  
En general, el intercambio de información fiscal plantea potenciales conflictos con normas de secreto bancario y de reserva en la prestación de servicios profesionales, al igual que la posibilidad del cumplimiento con ciertos requerimientos de información de otros países. Particularmente, en el caso de Estados Unidos con motivo de la legislación Fatca, pueden constituirse, a su vez, hechos punibles en el país al que se le solicita la información. Todo ello plantea temas jurídicos complejos.

Fuente: http://www.elobservador.com.uy/noticia/274694/abogados-preocupados-por-el-avance-de-las-regulaciones/

Cobertura en el Departamento de Paysandú.

Paysandú es un departamento de Uruguay ubicado en el litoral oeste de la república. Su capital es la ciudad homónima. Limita al Norte con el departamento de Salto, al Sur con el departamento de Río Negro, al Este con el departamento de Tacuarembó y al Oeste con la República Argentina.

Cuenta con una población aproximada a los 113.000 habitantes.

Se encuentra ubicado en un área privilegiada por sus condiciones climáticas, con costas sobre el río Uruguay y es centro de una zona clave con comunicaciones que lo vinculan con todo el país y Latinoamérica.

El departamento es reconocido por su actividad industrial y comercial como uno de los más importantes del país, tiene vías de acceso terrestre por medio de las rutas 3 y 24 que lo conectan con la capital y el resto del Uruguay, y tiene en el puente Internacional Gral. Artigas, un vínculo directo con Argentina, a la cual se ingresa por la ciudad de Colón.

La producción industrial de Paysandú aporta un considerable caudal de divisas al Uruguay, y se complementa con la actividad comercial, donde tienen su sostén diario la mayor parte de sus 100 mil habitantes.

También en este departamento cuente con la confiabilidad que le brinda la atención de nuestros profesionales.

En Paysandú, comuníquese con el Dr. Carlos Daniel Cabrera Andrades al celular 099 824 983, quien le asesorará y brindará el respaldo jurídico que su situación amerite.

También en Paysandú, comuníquese con nosotros:

derechoparatodosuy@gmail.com

Dr. Cabrera: 099 824 983