Preguntas Frecuentes.

 

Nuestros Servicios.

 

Ley 20.010 - Cambios que Afectan la Dinámica de Trabajo en el TCA.

 Estimados Clientes, Amigos y Seguidores:

Compartimos enlace a la Ley N° 20.010, por medio de la cual se introducen modificaciones en la normativa referida al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Ingrese aquí: Ley N° 20.010

Cordiales Saludos

DPTU

Ley de Regulación del Teletrabajo en Uruguay

 Estimad@s clientes, amigos y seguidores:

Compartimos normativa recientemente aprobada sobre Teletrabajo:

Click en: Teletrabajo

Atentos saludos

El Equipo de DPTU

2.11.0.0

2.11.0.0

9 de Mayo - Día del Abogado.

Salud - Créditos Laborales - Discapacidad.

Estimados Amigos, Clientes y Seguidores:

Adjuntamos cuadro comparativo de utilidad para entender el alcance de las leyes referidas.
Atentos Saludos

El equipo de DPTU.

Nueva Web.

Estimados Clientes, Amigos y Seguidores:

Les invitamos a acceder a nuestra nueva página web:

www.doctorcarloscabrera.com

Más y mejores servicios jurídicos y empresariales para contemplar las necesidades de nuestros clientes.

Atentos Saludos:

El Equipo de DPTU

CPP - Modificaciones.

Estimados colegas y seguidores: adjuntamos texto definitivo de las modificaciones al CPP aprobadas recientemente.

DPTU

Derecho del Deporte - Actividad en Paysandú - 4/8/18

Curso de Capacitación y Actualización para una Gestión Pública Efectiva.

Respaldo Legal en el Exterior.

Estimados Clientes, Amigos y Seguidores:

En los países que cuentan con fuerte presencia de uruguayos, el respaldo legal de primera categoría también está presente.

Los servicios jurídicos que nuestros clientes necesitan son brindados por las siguientes entidades:

ARGENTINA

Alfaro-Abogados
Av. del Libertador 498 
Buenos Aires, C1001ABR
Argentina

Teléfono: +54 11 4398 3003
Fax: +54 11 4393 3001

BRASIL

TozziniFreire Advogados
Sao Paulo, SP, Brazil

1328 Rua Borges Lagoa 
Sao Paulo, SP, CEP 04038-
Brazil

Teléfono: +55 11 5086 5000
Fax: +55 11 5086 5555

ESTADOS UNIDOS

Greenberg Traurig, P.A.
Miami, Florida, U.S.A.

333 SE 2nd Avenue 
Suite 4400
Miami, Florida, 33131
U.S.A.
Teléfono: +1 305 579 0500
Fax: +1 305 579 0717

ESPAÑA

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira
Barcelona, Spain

Paseo de Gracia, 111 
Barcelona, 08008
Spain

Teléfono: +34 93 290 5500
Fax: +34 93 312 7240

AUSTRALIA

MinterEllison
Sydney, New South Wales, Australia

1 Farrer Place 
Level 40, Governor Macquarie Tower
Sydney, New South Wales, 2000
Australia

Teléfono: +612 9921 8888
Fax: +612 9921 8123

Consulte por otros países o regiones.

Dr. Carlos Daniel Cabrera.

Objeción de Conciencia.

Estimados Clientes, Amigos y Seguidores:

En esta oportunidad compartimos una nota de prensa de especial interés debido al tema al que refiere.

¿Por qué hemos adoptado la modalidad de compartir notas de prensa con temas jurídicos?

Porque nuestra experiencia indica que los clientes potenciales se identifican con situaciones cotidianas, y mediante esta identificación, logran determinar que el problema que padecen puede enfocarse desde una perspectiva jurídica, mediante el asesoramiento con un Abogado de confianza.

En este caso en particular, hemos recibido consultas de profesionales médicos, referidas a la objeción de conciencia, y hemos brindado el asesoramiento correspondiente.

Pero más allá de atender a profesionales, nuestro principal objetivo es que “leyendo el diario”, el uruguayo común constate que el asesoramiento jurídico de calidad le permitirá encontrar la vía de solución a problemas y situaciones cotidianas, que le suceden también a otras personas.

Para estimular a los potenciales clientes, a quienes está dirigida nuestra página, creemos firmemente que es más adecuado utilizar el lenguaje de uso corriente, que bombardearlo con terminología jurídica o aspectos técnicos que muchas veces vuelven el tema incomprensible y, sobre todo, no generan confianza.

Estamos a las órdenes, como siempre, para ofrecer al cliente asesoramiento jurídico calificado, transmitido en lenguaje accesible para todos.

Atentos Saludos

D. P. T. U. (Derecho Para Todos Uruguay)

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FALLO

Ginecólogos podrán abstenerse de asesoramiento para realizar abortos

Un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo anula siete artículos de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Los médicos no estarán obligados a derivar a la mujer que quiere abortar a otro especialista.

Según publica hoy El Observador, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo falló a favor de 100 ginecólogos que presentaron un recurso para impugnar 11 de los 42 artículos de la ley que reglamenta la interrupción del embarazo. En el escrito, los integrantes del TCA fallaron a favor de anular siete de los once artículos que los médicos rechazaban.

Con este fallo y a partir del pronunciamiento del Tribunal, todos los ginecólogos podrá abstenerse de realizar el asesoramiento que obligaba la ley y que establecía los pasos a seguir e informar a una mujer que deseaba realizarse un aborto. 

En la legislación original, los médicos sólo podían objetar el acto final (el aborto en sí), pero no podían negarse a participar del proceso de información y asesoramiento a la mujer que voluntariamente deseaba abortar. 

Según el fallo al que accedió El Observador, los médicos alegaban que el decreto "restringía ilegítimamente el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia del personal de salud".

Ahora, los médicos no estarán obligados a derivar a otro especialista a la mujer que manifiesta que desea realizarse un aborto pero sí deberán informarle sobre otras alternativas al aborto como adopción o la lista de instituciones que ayudan a mujeres embarazadas.

Fuente: http://www.elpais.com.uy/informacion/ginecologos-podran-abstenerse-aborto-ley.html

Duración de los Juicios.

Estimados Clientes, Amigos y Seguidores:

Si bien la actividad judicial se ha visto resentida por las medidas gremiales adoptadas desde fines del año 2014, continuamos recibiendo y evacuando consultas, manteniendo reuniones con nuestros clientes, y haciendo el seguimiento de nuestros casos, ya que las oficinas judiciales continúan funcionando, aunque en horarios dispares.

Hecha la aclaración, compartimos nota de interés sobre un asunto que es preocupación recurrente de nuestros clientes y consultantes.

Saludos Cordiales

D. P. T. U.

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ESTADÍSTICA JUDICIAL

Un juicio civil dura 18,3 meses promedio

La duración total, incluyendo todas sus instancias, de los procesos civiles finalizados por sentencia definitiva en los juzgados de Montevideo tuvo un muy leve repunte en el año 2013, ubicándose en los 18,3 meses, una unidad por encima del registro del año 2012, que era de 17,3 meses.

Así lo consigna un informe divulgado por la Suprema Corte de Justicia y elaborado por el Departamento de Estadísticas de la División de Planeamiento y Presupuesto del Poder Judicial, en el que se analiza la duración de los procesos y la evolución de otros indicadores globales.

El documento también revela que la cantidad de asuntos iniciados en el año 2013 en los juzgados letrados con materia civil de Montevideo aumentó prácticamente en todos los turnos (que son un total de veinte). Sin embargo, si se observa la evolución en el período 2001-2013 se advierte una tendencia descendente en el número de asuntos iniciados, manteniéndose desde el año 2008 en el entorno de los 7.800 casos.

El año 2002 fue en el que hubo mayor demanda, dado que se iniciaron 17.904 asuntos en los juzgados de Montevideo. Debe tenerse en cuenta que el período de tiempo 2001-2003 refleja la crisis económica y del sistema financiero. Por otro lado, el año 2009 es el que tuvo el menor registro con un total de 7.538.

Fuente: http://www.elpais.com.uy/informacion/juicio-civil-dura-meses-promedio.html

Tributos Municipales.

Estimados Clientes, Amigos y Seguidores:

Compartimos nota de interés.

Estamos a disposición para consultas referidas a impuestos municipales, contribución inmobiliaria, tasa de saneamiento, deudas y determinación de obligados al pago.

Saludos Cordiales

D. P. T. U.

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ANUNCIA QUE DEMANDARÁ A LOS VECINOS QUE NO PAGUEN LA CONTRIBUCIÓN

IMM desoye a la Justicia y sigue cobrando a complejos

Como informara El País, los reclamos de los residentes del edificio de viviendas Poseidón, ubicado en el Complejo Habitacional Barrio Sur (rambla y Zelmar Michelini), fueron contemplados por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). 

ANDRÉS LÓPEZ REILLYdom feb 8 2015

El fallo señala que los reclamantes no deben pagar la Contribución Inmobiliaria, por ser "meros tenedores" y no "propietarios" de los apartamentos que habitan, algo similar a lo que ocurre con quienes alquilan, que tampoco deben pagar este tributo.

Más allá de los aspectos técnicos o jurídicos, lo relevante de este fallo es que podría ser aplicable al resto de las torres que integran el CH Barrio Sur, al haber sentado jurisprudencia y tratarse de un mismo tribunal que tramita todos los casos de este tipo. A su vez, por extensión, también podría abarcar a la totalidad de los complejos del Banco Hipotecario (o Agencia Nacional de Vivienda) en los que los habitantes son meros tenedores y no propietarios de los apartamentos.

El fallo del TCA señala textualmente que los vecinos "no son poseedores, ni promitentes compradores con promesa inscripta, ni propietarios, ni mejores postores en remate judicial, razón por la cual, no se verifica el aspecto subjetivo del hecho generador del tributo".

Con este fallo, los vecinos podrían iniciar un juicio reparatorio patrimonial contra la Intendencia, exigiéndole que les devuelva lo que han pagado por concepto de Contribución Inmobiliaria.

Frente a lo resuelto por la Justicia y la posibilidad de que se tengan que regresar esos dineros, el director de Recursos Financieros de la comuna, Arturo Echevarría, aseguró a El País que "los fallos no dicen que la Intendencia no tenga derecho a cobrar la Contribución Inmobiliaria: lo que dicen es que el promitente comprador no tiene que pagarla. Si el promitente comprador no tiene que pagarla, la tiene que pagar el Banco Hipotecario".

Echevarría indicó que la Intendencia no devolverá el dinero a los vecinos. Y fue más lejos: "Iniciaremos las acciones judiciales contra quienes dejen de pagar. Yo, como director de Recursos Financieros, no veo justo que determinadas personas que se han visto beneficiadas por determinados planes del gobierno, que se les dio una vivienda financiada por el tipo de contrato que firmó, se arroguen el derecho de no contribuir con la ciudad".

Catarata de reclamos.

Según pudo saber El País, el TCA se apresta a fallar sobre 45 expedientes iniciados por los vecinos del CH 109 de Palermo.

El abogado Daniel Muñoz patrocinó a los habitantes de 69 unidades del complejo Barrio Sur, pertenecientes a los edificios Poseidón y Surimar, en cada uno de los cuales hay 120 apartamentos.

Muñoz explicó a El País que antes de iniciar las acciones judiciales en 2012 solicitó a la Intendencia que declarara que los habitantes de esos edificios no son sujetos pasivos del tributo de la contribución inmobiliaria, puesto que el BHU no inscribió la promesa. En su petitorio también se reclamaba una devolución de todo lo pagado aun por quienes ya escrituraron la compra, debido a que estos abonaron durante años, algunos desde la década de 1990, cuando la ley no se los exigía.

Ante dos recursos presentados en 2011 por Muñoz para agotar la vía administrativa, la Intendencia hizo una denegatoria ficta al dejar transcurrir los plazos de 150 días que tuvo para responder. Al año siguiente comenzó el juicio en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Este tema jurídico ya le ha dado varios dolores de cabeza a la comuna: durante la actual administración, la IMM debió dejar le de cobrar la Contribución Inmobiliaria a los habitantes de dos complejos habitacionales.

En esos casos, previendo una catarata de juicios por un monto millonario, dejó de cobrarle el tributo a los vecinos del Complejo Habitacional 99 (Buceo) y a los del Centenario IV, ubicado en la zona del Cilindro.

El vecino del CH 99 Heber Hernández fue quien obtuvo un primer fallo favorable del Tribunal de lo Contencioso, sentando un precedente a partir del cual la Intendencia resolvió dejar de cobrarle a todo su complejo y al Centenario IV (ver nota abajo).

"Hay que pagar".

El director de Recursos Financieros de la Intendencia advirtió que pese a los fallos, "nosotros seguimos sosteniendo que la Contribución hay que pagarla".

"La tiene que pagar quien está ocupando, el Banco Hipotecario o la Agencia de Vivienda. La Intendencia no va a dejar de cobrar", destacó.

En este sentido, Echevarría agregó que "yo le dije al edil que estaba insistiendo en que la gente no pagara (Miguel Di Ruocco, del Partido Nacional) que esto puede terminar en un boomerang feo, porque si la gente le hace caso, el día que quieran escriturar con el Banco Hipotecario y no puedan porque deben la Contribución, van a tener un problema".

Consultado por El País, el edil Di Ruocco fue categórico: "Yo nunca le dije a la gente de los complejos que deje de pagar la Contribución. Pero también es un hecho, establecido por la Justicia, que la Intendencia no les puede cobrar".

"Aquí existe un cobro indebido por el afán recaudador de la administración municipal, debiendo enfrentar la devolución de la Contribución que saldrá de los bolsillos de los vecinos de Montevideo. Ahora salen a decir que aumentan la contribución de acuerdo al valor del mercado para cubrir déficit de la Intendencia, cuando en realidad, ese déficit es responsabilidad directa de la gestión", sentenció el edil de la lista 71 del Herrerismo.

Echevarría insistió sobre no dejar de pagar: "El Hipotecario no le va a escriturar a una persona mientras tenga deuda de Contribución. Es un error que no paguen, porque van a tener más problemas. El fallo del tribunal no nos afecta; la Intendencia no tiene que devolver plata y puede seguir cobrando la Contribución".

Echevarría:"Si no paga el vecino, paga BHU"

"Los fallos no dicen que la Intendencia no tenga derecho a cobrar la Contribución Inmobiliaria, lo que dicen es que el promitente comprador no tiene que pagarla. Si el promitente comprador no tiene que pagarla, la tiene que pagar el Banco Hipotecario. La Intendencia no tiene por qué devolverle la plata a la gente", dijo el director de Hacienda de la Intendencia de Montevideo.

"A su vez, hay un contrato firmado entre el promitente comprador y el Hipotecario. El promitente comprador podría decir a la Intendencia no le tengo que pagar, pero al Banco le tiene que pagar. El Hipotecario no le va a escriturar mientras tenga deuda de Contribución. En definitiva, la Intendencia cobra y el promitente comprador paga", agregó.

Di Ruocco:"La realidad golpea a la IMM"

"Lo estamos anunciando desde el año 2010, cuando en su Ley de Presupuesto, la Intendencia intentó introducir el artículo 7º, que establecía que pasaban a ser contribuyentes los promitentes compradores sin promesa inscripta. Finalmente, el Frente Amplio tuvo que retirar el artículo, quedando reconocido que los promitentes compradores de los Complejos Habitacionales no son contribuyentes", señaló el edil del Herrerismo Miguel Di Ruocco.

"En diciembre de 2014 salen a luz dos sentencias condenatorias, acorralando a la IMM a la devolución de dicha contribución. Luego de hacer oídos sordos a la oposición, una dura realidad golpea ahora a la puerta de la Intendencia", concluyó el legislador de la Lista 71.

Los tres complejos que sentaron precedente

CH 99 (BUCEO)

En octubre de 2010 la Intendencia de Montevideo comenzó a agendar a los vecinos del Complejo Habitacional 99 (CH 99) para devolverles el dinero de la Contribución Inmobiliaria que les fue cobrado indebidamente durante varios años, según una resolución del Tribunal de Cuentas de la República (TCA). Este complejo estaba en un terreno municipal (que la comuna vendió después a la Agencia de Vivienda), por lo que se consideró que la IMM "no se podía cobrar un impuesto a sí misma".

CENTENARIO IV (ZONA CILINDRO)

Como el caso del CH 99, la IMM tuvo que dejar de cobrarle la Contribución al complejo Centenario IV, ubicado en la zona del ex Cilindro Municipal. Los edificios también estaban en terrenos municipales. "Ahí la Intendencia hizo el papel del cornudo. Le dio a la gente el terreno para que construya, el Hipotecario construye, firma un contrato de promitente comprador y la gente hace juicio para no pagarle a la Intendencia. Ése es el doble cornudo, les diste y todavía no te pagan", declaró Echevarría El País.

EDIFICIO POSEIDÓN (BARRIO SUR)

A fines del año pasado hubo un fallo del Contencioso Administrativo a favor de un grupos de residentes de la torre Poseidón del Complejo Barrio Sur. La IMM reiteró el argumento de que los residentes son poseedores con ánimo de dueño. Pero eso fue desestimado por el Contencioso, que consideró que los residentes recibieron los apartamentos a título precario. Según pudo saber El País, el TCA se apresta a fallar sobre otros 45 expedientes iniciados por los vecinos del CH 109 de Palermo.

Fuente:http://www.elpais.com.uy/informacion/imm-desoye-justicia-cobra-complejos.html

Matrimonio In Extremis.

Estimados Clientes, Amigos y Seguidores:

Compartimos nota de interés. 

Como siempre, estamos a sus gratas órdenes para las consultas jurídicas que necesiten formular.

Saludos Cordiales

D. P. T. U.

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HIJAS DEL FALLECIDO RECLAMAN US$ 500.000 A MUTUALISTA Y AL REGISTRO CIVIL

Anulan boda contraída en CTI con enfermeras como testigos

El Tribunal de Apelaciones de Familia de Primer Turno resolvió anular un matrimonio in extremis que tuvo lugar entre un septuagenario moribundo y su cuidadora, una mujer de 55 años.

El hombre era diabético (le habían amputado una pierna 12 años antes) e insulinodependiente con tratamiento de diálisis, por lo que recibía atención permanente.

El matrimonio se produjo el 1° de marzo de 2011 cuando la mujer ingresó al CTI de la Médica Uruguaya con un oficial del Registro Civil que realizó la ceremonia. Al parecer, el hombre estaba inconsciente. En las actas respectivas se apunta que el hombre no estaba en condiciones de firmar el documento y en otras se dice que no sabía escribir.

Las personas que atestiguaron la boda, según consta en el acta de matrimonio, son enfermeras y nurses que más tarde debieron asistir al hombre en sus minutos finales. Ahora la Justicia Penal las investiga para determinar su responsabilidad en el episodio.

El hombre era un jubilado bancario; en el año 2011 cobraba una jubilación que superaba los $ 67.000. Las viudas de los pasivos de la Caja Bancaria perciben una pensión vitalicia tras el fallecimiento de su cónyuge que, en este caso, podría ser de aproximadamente $ 40.000.

La mujer se vinculó al hombre en el año 2006 luego de terminar una relación sentimental. La mujer, sabiendo que el septuagenario estaba buscando una cuidadora, se ofreció como tal y desde el principio intentó alejar a sus familiares y amigos.

Ese año 2008, su padre les comunicó a las hijas que esta cuidadora había abusado de su confianza y lo había obligado a firmar un poder (estando internado en la Médica Uruguaya) para hacer compras en la Cooperativa Bancaria.

Les manifestó que con ese poder había realizado compras abusivas, retirado dinero en efectivo de su cuenta (por unos $ 100.000), y cobrado la jubilación íntegra del mes.

El 30 de junio de 2008, al salir de su internación el padre de las denunciantes revocó el poder que había firmado.

En la historia médica del hombre se deja constancia de la situación, debido al grado de angustia que vivía. "Muy nervioso, la señora que lo cuidaba le robó la casa", dijo el médico que lo atendía en ese momento.

Durante todo el período en que la mujer estuvo junto al septuagenario evitó todo tipo de contacto con las hijas del hombre.

Cuando estuvo internado en el CTI los trabajadores de la institución médica impidieron el ingreso de ellas con el argumento de que estaba grave.

Cuando falleció, las enfermeras y el equipo del CTI entregaron todas las pertenencias del hombre a su "esposa".

Además, la mujer se hizo cargo del cuerpo al que dio sepultura en un lugar que sus hijas desconocen.

"Ante nuestra total sorpresa y desasosiego se nos informa en admisión que nuestro padre había fallecido y que su cuerpo había sido retirado", relata la denuncia presentada por las dos mujeres.

La demanda añade que se le entregó el cuerpo a la denunciada, quien lo enterró sin dar noticia a nadie, por lo que para ellas "está desaparecido, con la angustia que todo esto implica para sus familiares y amigos".

Juicio Civil.

Durante el litigio, las hijas del hombre lograron probar al Tribunal que la concubina de su padre ya estaba casada con un hombre de 80 años en el momento en que se produjo la boda en el CTI.

La mujer intentó negarlo y afirmó que el septuagenario había reconocido a sus hijos como propios. Luego se desdijo en la propia sede judicial.

En principio la denuncia fue radicada en el Juzgado Penal de 14° Turno, pero el magistrado declinó competencia y el expediente fue derivado a un juzgado de la Ciudad de la Costa.

Paralelamente, las hijas iniciaron dos demandas civiles contra Médica Uruguaya y el Registro Civil. Reclaman que cada organismo les pague por daños y perjuicios un total de US$ 250.000.

"Esa plata no paga el calvario que vivimos", aclaró a El País una de las hijas del fallecido. Las dos mujeres aclararon que no querían que sus nombres se divulgaran.

Ahora los policías de la seccional 2 están buscando a la mujer. Las hijas del septuagenario afirmaron que la mujer no tiene pedido de captura aunque el caso está en la órbita penal. El único contacto que mantienen es el teléfono celular que alguna vez perteneció a su padre pero la mujer ya no atiende los llamados, ni siquiera los que realiza la Policía.

Fuente:http://www.elpais.com.uy/informacion/anulan-boda-contraida-cti-enfermeras.html

La Independencia de los Fiscales.

Estimados Clientes, Amigos y Seguidores:

Retomando el contacto, compartimos palabras de uno de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, máximo órgano judicial del país, sobre la independencia de los Fiscales.

Saludos Cordiales

D. P. T .U.

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—Estos días estuvo en el debate público la aspiración del futuro gobierno de pasar las Fiscalías, que funcionan en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, a la Presidencia de la República. ¿Cuál es su opinión al respecto?

—Como uno de sus integrantes, señalo que en la comisión de redacción del nuevo Código del Proceso Penal llegamos a la conclusión de que las Fiscalías deben ser autónomas. Su inserción en el Poder Ejecutivo no es la más adecuada. Lo más adecuado es, por ley orgánica, establecer que es un servicio autónomo bajo la jerarquía del fiscal de Corte. A los efectos de no solo preservar su independencia —que la tienen—, sino también su imagen de independencia. A la mujer del César se le requería que fuera honesta y pareciera honesta. A los jueces se nos pide que seamos independientes y parezcamos independientes, y lo mismo se requiere de los fiscales. Para la apariencia de independencia, no es bueno que dependan del Poder Ejecutivo, sino que es mejor que aparezcan como independientes y autónomos, como es la figura de los organismos del artículo 220 de la Constitución, y que no dependan de ningun jerarca del Poder Ejecutivo. Recalco que para nosotros la inserción del Ministerio Público, con el poder que va a tener en el nuevo Código, no debe estar en el Poder Ejecutivo, sino que tiene que ser un servicio autónomo.

Fuente: http://www.busqueda.com.uy/mailing/notas/1801/REC/fiscales/

Juicios Contra el Estado.

Estimados Clientes, Amigos y Seguidores:

Compartimos noticia de interés.

Saludos Cordiales

D. P. T. U.

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No se sabe cuántos hay por delante ni cuánto dinero se perdió

En nueve años, una oficina no pudo contar juicios al Estado

Una dirección creada en el MEC hace nueve años para relevar los juicios contra el Estado y definir una estrategia de defensa, no tiene registro de cuántos litigios se enfrentaron en los últimos años, cuántos hay por delante ni cuánto dinero se perdió.

VIVIANA RUGGIERO dom sep 7 2014

 

La Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales funciona en el quinto piso del Ministerio de Educación y Cultura desde el año 2005, cuando se creó por la ley 17.930 con el cometido de "relevar la situación del Estado en materia de juicios en que éste sea actor o demandado". Allí se desempeñan dos administrativos, tres abogados y un director, cargo que es ocupado desde 2011 por Pablo Maqueira.

¿Sabe cuántos juicios tuvo el Estado en su contra en los últimos años? ¿Y cuánto se pagó por juicios perdidos? ¿Cuántos hay por delante? ¿Hay alguno que preocupa en particular? Todas estas preguntas fueron realizadas a Maqueira y tuvieron la misma respuesta: "No".

El jerarca no esconde que no se ha podido cumplir con los objetivos y reconoce que el único avance que se logró es el desarrollo de un software que tiene dos funcionalidades: servir como programa de gestión y procuración de los juicios de cada una de las jurídicas de los ministerios y a su vez estar conectados on-line con la dirección para que esta pueda centralizar la información.

Si bien no fue terminado, está en una etapa de testing y, según Maqueira, la idea es dejarlo operativo antes de que termine el período. "Avances concretos creo que sí hubo, no son visibles. Los avances están en el software", explicó el jerarca.

Desde que se creó la dirección, hace nueve años, se hizo un acuerdo de cooperación con España, un convenio con la Facultad de Derecho y se entrevistó a un representante del área jurídica de cada ministerio para hacer un estado de situación que culminó en 2010.

Según Maqueira, ahí se detectó que cada institución tiene "su librito" y que las realidades son totalmente diferentes.

En ese momento culminó una "primera etapa" de la dirección. "Después vino una ley de Presupuesto en la que se agregó la obligación de recibir de cada uno de ellos información sobre los juicios (…) cuando nos enfrentamos a eso dijimos: ¿cómo hacemos para concentrar toda la información? Eso nunca se reglamentó y nosotros empezamos a trabajar en el desarrollo del software", explicó.

En paralelo, según Maqueira, se trabajó y está casi pronto un proyecto de decreto para que se reglamente la norma legal que ordena que cada ministerio tiene que derivar la información jurídica a la dirección; y a su vez explicita cómo debe hacerse.

"Eso está a la espera de que quede pronto el software", reiteró, y comentó que será muy importante porque hay "resistencia" a que la dirección centralice la información.

"Se genera eso de ¿por qué tengo que pasar esto? Hay gente que se siente controlada, hay recelo. Yo creo que es entendible también porque no están acostumbrados a que nadie externo se meta en su trabajo", opinó Maqueira.

Ignorados.

Los juicios contra el Estado preocuparon especialmente al presidente José Mujica durante todo su mandato e incluso ha hablado públicamente en varias oportunidades sobre el tema.

"Están los que parasitan a costillas del Estado y a veces roban fortunas. Y lo peor es que uno los siente a estos picapleitos opinar de la democracia y las garantías institucionales, hablando en sesudos programas. No son otra cosa que parásitos del sistema jurídico, que tratan de medrar de los recursos del pueblo que trabaja", dijo el presidente en una de sus audiciones por M24 en 2013.

Tiempo después Mujica encomendó al secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, reunir a los encargados de los departamentos jurídicos de los organismos públicos para "coordinar acciones", una tarea que debería cumplir la Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales.

"Yo fui a una reunión que tenía como objetivo entregar la información jurídica pero acompañando a los jerarcas del Ministerio de Educación y Cultura. Nosotros no tuvimos nada que ver con eso, ni se nos consultó. Fue algo que se hizo desde Presidencia. Ni siquiera sé qué evaluación se hizo", reconoció Maqueira.

El País intentó comunicarse, sin éxito, con Guerrero para conocer las cifras y las conclusiones del análisis de las mismas. Los datos son importantes para poder hacer un análisis y detectar qué errores se están cometiendo en las defensas del Estado ante la Justicia y delinear nuevas estrategias.

De hecho, en los últimos gobiernos existieron dudas sobre las Jurídicas del Estado y en juicios millonarios se contrataron estudios de abogados por fuera de las instituciones públicas.

Las tareas de la dirección

Ha procurado la articulación de Servicios Jurídicos como la Fiscalía de Corte y

Procuraduría General de la Nación, entre otros, con el fin de consolidar los canales de coordinación entre las direcciones y la administración central del MEC.

Se propició un acuerdo de cooperación con el Centro de Estudiantes de Derecho con la finalidad de fortalecer el sistema de consultorios jurídicos barriales, colaborando en la financiación de abogados para desempeñar las tareas.

Tiene a su cargo el proceso de los pedidos de cooperación jurídica desde Uruguay al exterior y desde otros país al Poder Judicial uruguayo.

Ha trabajado en los organismos regionales Mercosur y Unasur y en el ámbito iberoamericano a través de la Comjib (Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos).

En diez años, 1.092 procesados por delitos en contra del Estado

Entre los años 2003 y 2013, fueron procesadas 1.092 personas imputadas por delitos contra la Administración Pública, de acuerdo con un estudio de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en base a información del Registro Nacional de Antecedentes Judiciales del Instituto Técnico Forense del Poder Judicial.

El 26,5% de los delitos son los de peculado (apropiación de dinero del Estado), fraude en el 20% de los casos y cohecho simple (coimas) en el 15,1%. En números absolutos, se imputó a 289 personas por apropiación de dinero del Estado, a 218 por fraude y 165 por recibir coimas.

Además, hubo 116 procesamientos por concusión (funcionario que exige una coima para hacer o no hacer determinada cosa) lo que representa el 15,1% del total de procesamientos, al tiempo que se dispusieron 101 enjuiciamientos por abuso de funciones, cifra que es el 10,6% del total.

El 2008 fue el año donde se registraron más procesamientos por delitos contra la Administración Pública, ya que la cifra total llegó 137. Luego siguen el año 2006 con 128 casos, 2003 con 123 y 2009 con 104.

Fuente: http://www.elpais.com.uy/informacion/afe-justicia-juicio-multimillonario-dinero.html

Explotación Sexual Infantil.

Estimados Clientes, Amigos y Seguidores:

Compartimos nota de prensa de interés general, en virtud de la temática que aborda.

Saludos Cordiales.

D. P. T. U.

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Considera que la menor engañó al imputado sobre su edad

Polémica por sentencia que revocó fallo judicial por explotación sexual

La liberación por orden judicial de un empresario de Punta del Este que había sido procesado por explotación sexual de menores despertó polémica. "Es un artilugio legal", sostienen desde del Comité de Erradicación de la Explotación Sexual Infantil.

DIEGO CASTRO15 jun 2014

La semana pasada, el Tribunal de Apelaciones de 2° turno revocó el fallo del juez de Cerro Largo, Javier Gandini, que había procesado con prisión a un empresario de 68 años, acusado de haber pagado por sexo a una adolescente de 15 años.
El fallo fue revocado con los votos favorables de José Balcaldi y William Corujo, y la negativa de Daniel Tapié.
La sentencia que revoca el fallo de primera instancia explica que el procesamiento del encausado "padeció de errores de base relevantes, tanto sustanciales como procesales", y "ha provocado un enorme daño a su persona".
El tribunal entendió que el procesado fue inducido a engaño por la menor, respecto de su verdadera edad, y para ello se basa en el propio testimonio de la adolescente, que admitió haberle dicho al imputaqdo "que tenía 18 años y que ya era madre, como forma de reforzar la afirmación". La adolescente también negó haber mantenido relaciones sexuales. "No mantuve relaciones sexuales con él ni una vez", declaró en la instrucción.
Para el presidente del Comité de Erradicación de la Explotación Sexual Infantil, Luis Purtscher, en esta revocación hay "un zigzagueo maradoniano a la realidad".
"Es inadmisible que haya un solo argumento en el que se basa este fallo. Y más lo es que el argumento sea que la menor mintió respecto a su edad", señaló Purtscher.
"No se le puede colocar la responsabilidad del hecho al eventual engaño que realizó la adolescente a este sujeto, mintiendo sobre su edad", agregó el presidente del Comité.
"Hay pruebas que fueron obtenidas por la Justicia, incluida la confesión del hombre", señaló Purtscher, quien se preguntó: "¿El empresario acuerda con otros empresarios de Cerro Largo que lleven a la chica a Maldonado y la finalidad no es tener relaciones sexuales?".
Ante ello, la sentencia de Apelación admite que "la relación sexual por dinero nunca fue negada (por el imputado), pero "en su conocimiento interno, la mantuvo con alguien que no era menor, lo que aún no es delito en nuestro país".
"No puede haber culpabilidad donde medió un error de hecho inducido por la víctima y apañado por la presentación", añade la sentencia.
Purtscher, por su parte, sostiene que "hay que ir a lo básico. Libros de Vescovi de 6° de liceo señalan que la ignorancia de una norma no exime del delito", señaló.
"Esto es un artilugio legal para llevar el caso a las formas más abstractas del Derecho prescindiendo de los datos de la realidad", manifestó.
El fallo menciona un elemento que para Purtshcer es básico y elemental: "¿Una adolescente que apenas terminó la escuela puede engañar a un licenciado en Antropología, que además se mueve como empresario en Punta del Este? ¿Alguien puede creer realmente eso?", afirmó.
No obstante, Purtscher defiende la posición de la joven en esta situación. "Una menor, cuya vida fue un continuo de violencia, que tiene adultos a su alrededor que la vuelven adicta para que su voluntad sea frágil, que no tiene las herramientas suficientes porque su nivel cultural no se lo permite, no tiene ningún tipo de libertad", indicó.

Comisión.

El caso no pasó inadvertido para la Comisión de Género del Parlamento, que analiza consultar a la Suprema Corte de Justicia sobre la revocación de este fallo.
En declaraciones a Montevideo Portal, la diputada María Elena Laurnaga señaló que la intención de esta convocatoria es saber si "si el fallo correspondió a una interpretación del juez o si la ley es ambigua". En ese caso, estableció la diputada "estudiaremos si es necesario hacerle actualizaciones".
Para Laurnaga, este fallo contradice los tratados que Uruguay ha firmado en contra de la explotación sexual de menores. "Cuando se paga a cambio de relaciones sexuales, siempre es responsabilidad de quien paga saber la edad de la otra persona", señaló. Cuando se le paga a un menor para mantener relaciones sexuales, "siempre es explotación", dijo.

Fuente: http://www.elpais.com.uy/informacion/polemica-sentencia-que-revoco-fallo.html